La provincia de Pataz, en la región La Libertad, continuará bajo estado de emergencia por dos meses más. El Poder Ejecutivo dispuso la ampliación de esta medida como parte de la estrategia para enfrentar la creciente criminalidad vinculada a la minería ilegal, una actividad que en los últimos años ha generado violencia, disputas territoriales y presencia de organizaciones delictivas en la zona.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM, que establece que la nueva etapa del régimen excepcional entrará en vigencia el 6 de abril de 2026, prolongando así la intervención del Estado en esta provincia andina.
Control militar y apoyo policial para restablecer el orden
Durante este periodo, el control del orden interno seguirá a cargo de las Fuerzas Armadas, que operarán con el respaldo de la Policía Nacional del Perú. Ambas instituciones tendrán la responsabilidad de ejecutar acciones conjuntas para garantizar la seguridad y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el marco del estado de emergencia.
La presencia militar en Pataz no es nueva, pero su continuidad refleja la dificultad de erradicar las actividades ilegales en una zona donde la minería informal y el crimen organizado han consolidado redes operativas complejas.
Restricciones se mantienen: toque de queda nocturno
Como parte de las medidas vigentes, se ha dispuesto mantener la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, en el horario comprendido entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
Esta restricción busca limitar la circulación nocturna, considerada un periodo crítico para la comisión de delitos. No obstante, se contemplan excepciones para el personal que desarrolla actividades esenciales, como servicios de salud, seguridad o abastecimiento.
Minería ilegal y violencia: un problema persistente
La ampliación del estado de emergencia evidencia que la problemática en Pataz continúa sin una solución estructural. La minería ilegal no solo afecta el medio ambiente y la economía formal, sino que también está vinculada a delitos como extorsión, sicariato y tráfico ilícito de insumos.
En este contexto, la intervención del Estado apunta a recuperar el control territorial y debilitar a las organizaciones criminales que operan en la zona. Sin embargo, especialistas han advertido que las medidas de carácter excepcional deben ir acompañadas de estrategias sostenidas que incluyan formalización, desarrollo económico y presencia institucional permanente.
Si bien el estado de emergencia permite una respuesta inmediata frente a la inseguridad, su prolongación también refleja la complejidad del escenario en Pataz. La continuidad de estas disposiciones pone en evidencia que el problema trasciende lo policial y requiere una intervención integral del Estado.
Por ahora, la prioridad sigue siendo restablecer el orden y reducir los niveles de violencia en una de las provincias más golpeadas por la minería ilegal en el país.
