Un ciudadano encontró el dispositivo incendiario en la puerta de su casa y logró desactivarlo a tiempo. PNP investiga si se trata de un nuevo caso de extorsión o una amenaza aislada.
La noche del martes 26 de marzo, un nuevo episodio de violencia e inseguridad sacudió a los habitantes del distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo, cuando un artefacto explosivo fue hallado en la puerta de una vivienda ubicada en la avenida Héroes Nacionales.
El hallazgo ocurrió cerca de las 19:00 horas, cuando C.M.V.Ch. (29) regresaba a su domicilio y notó que de la puerta de su casa emergía humo. Al acercarse, descubrió un objeto encintado con cinta adhesiva negra, de aproximadamente 15 cm de largo y 2 cm de diámetro, con un cordón detonante verde de 30 cm, que aún se encontraba encendido. Sin dudarlo, arrojó tierra y agua sobre el artefacto para evitar una posible explosión.
El hecho fue reportado de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP), que se desplazó al lugar para aislar la zona y evaluar la situación. Pese a la gravedad del incidente, el agraviado aseguró que no había recibido amenazas ni llamadas extorsivas previas, lo que genera interrogantes sobre la motivación detrás del ataque.
Los atentados con explosivos han ido en aumento en la región, especialmente en los distritos costeros de La Libertad, donde bandas criminales intimidan a empresarios y comerciantes exigiendo pagos a cambio de «protección». En este contexto, la Policía no descarta que este incidente sea un intento de extorsión, aunque el hecho de que la víctima no haya recibido amenazas previas abre otras líneas de investigación.
«Muchas veces, las bandas criminales colocan explosivos sin previo aviso como un primer acto intimidatorio. Es su manera de demostrar su presencia y obligar a las víctimas a entrar en pánico y pagar. Otras veces, estos ataques son advertencias dirigidas a terceros, como familiares o amigos de la víctima», explicó una fuente policial que prefirió mantenerse en el anonimato.
Por otro lado, los investigadores también manejan la hipótesis de una posible venganza personal o un error en la selección del objetivo. Este tipo de ataques han sido documentados en varias ciudades del norte del país, donde víctimas inocentes han sufrido atentados destinados a otras personas.
El caso ha sido asumido por la Comisaría de Guadalupe, en coordinación con el Representante del Ministerio Público (RMP), quienes han iniciado las primeras diligencias para determinar la procedencia del explosivo y a qué organización delictiva podría estar vinculado.
Según fuentes oficiales, se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar si alguien dejó el artefacto antes de que la víctima llegara a su vivienda. Asimismo, se interrogará a vecinos y posibles testigos que hayan notado movimientos sospechosos en la zona en los días previos.
Además, agentes especializados en desactivación de explosivos analizarán los restos del artefacto para determinar su nivel de peligrosidad y si pertenece a un patrón ya utilizado por grupos criminales en la región.
El hallazgo de este explosivo ha generado una profunda preocupación entre los residentes de Guadalupe, quienes denuncian que la violencia ha escalado en los últimos meses sin que las autoridades puedan contenerla.
«Antes podíamos caminar tranquilos, pero ahora da miedo hasta salir de casa. No sabemos si esto fue un mensaje para este joven o si cualquier día nos puede pasar a nosotros», comentó una vecina que prefirió mantenerse en el anonimato.
Otro residente de la zona señaló que los extorsionadores operan con total impunidad, obligando a dueños de negocios y comerciantes a pagar cupos para evitar represalias. «Los que no pagan son los que terminan con amenazas o atentados. Ya hemos visto lo que ha pasado en otras partes de la región con las explosiones en casas y negocios» añadió con indignación.
La región La Libertad atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, con un incremento alarmante de ataques con explosivos como método de amedrentamiento. Desde inicios del 2025, se han registrado múltiples atentados en Trujillo, Ascope, Chao y otras localidades de la región, dirigidos a empresas de transporte, comercios y viviendas particulares.
Las autoridades han identificado que estos actos son perpetrados principalmente por bandas criminales que buscan el control del territorio y el cobro de extorsiones, operando incluso desde el penal de El Milagro, donde internos continúan coordinando ataques a través de terceros.
«Este tipo de atentados se ha vuelto una de las principales herramientas de los extorsionadores. Si no reciben pagos, optan por sembrar el terror con explosiones. Lamentablemente, muchos de estos casos terminan sin detenidos porque la gente tiene miedo de denunciar», explicó un experto en criminología de la Universidad Nacional de Trujillo.
Ante el aumento de este tipo de atentados, la Policía ha exhortado a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión o amenaza a los números de emergencia de la PNP. Sin embargo, el temor a represalias sigue siendo un factor clave que impide a muchas víctimas acudir a las autoridades.
«Sabemos que la gente tiene miedo, pero es fundamental que denuncien. Solo con información podemos actuar y desmantelar estas organizaciones. Además, hay programas de protección a testigos para quienes temen por su seguridad», declaró un oficial de la PNP.
