La voz quebrada de un hijo se ha convertido en un nuevo llamado de alerta frente a un crimen que sacude a La Libertad y expone, una vez más, la fragilidad de la seguridad y la impunidad en zonas donde la violencia busca callar a quienes fiscalizan el poder. Bruno Carbonel, hijo de la regidora distrital de Chicama Elena Rojas, asesinada a balazos durante una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal, pidió públicamente que se retome y profundice la investigación por el atentado con explosivos ocurrido en 2024 contra su madre.
El crimen, perpetrado el jueves 18 de diciembre, no solo acabó con la vida de la autoridad edil, sino que dejó además varios menores heridos, marcando de sangre una actividad dirigida a niños. Para la familia, el asesinato no es un hecho aislado, sino la culminación de una cadena de amenazas que nunca fueron investigadas con la seriedad que el caso ameritaba.
A través de un mensaje difundido en la cuenta oficial de Facebook de la regidora, su hijo agradeció las muestras de solidaridad, pero fue enfático en su exigencia de justicia. “Toda nuestra familia espera que continúe la investigación del año pasado, en la cual ella indicó en su momento a los posibles responsables”, escribió. Luego lanzó una frase que hoy resuena con fuerza en Chicama y Ascope: “Nadie más que ella tenía claro de la red criminal que trataba de silenciarla”.
El pedido cobra mayor relevancia si se recuerda que Elena Rojas ya había sido víctima de un atentado con explosivos en 2024, cuando su vehículo fue atacado. En ese entonces, la regidora descartó públicamente que se tratara de un caso de extorsión y sostuvo que el ataque tenía motivaciones políticas, vinculadas directamente a su rol fiscalizador dentro de la municipalidad.
En declaraciones realizadas el 27 de diciembre de 2024, Rojas aseguró que nunca recibió pedidos de dinero y que las amenazas aparecieron recién después del atentado, a través de mensajes de WhatsApp. “Confío en que se determinará al responsable material de estos hechos, pero sobre todo a los responsables intelectuales, las personas que pagaron para atentar contra mi integridad”, dijo en un video difundido en redes sociales. Para ella, el ataque no fue improvisado, sino planificado.
La regidora también denunció una campaña sistemática de hostigamiento y amedrentamiento, relacionada con las denuncias que venía realizando contra autoridades y funcionarios de su propio distrito. En ese mismo pronunciamiento, cuestionó duramente la precariedad del sistema de seguridad ciudadana en Chicama, especialmente el deficiente funcionamiento de las cámaras de vigilancia y la falta de respuesta inmediata ante hechos graves.
“Estoy convencida de que los hechos ocurridos contra mi persona tienen relación directa con una política clara de amedrentamiento y ataques cobardes”, advirtió entonces. Sus palabras hoy adquieren un carácter casi premonitorio. Incluso llegó a dejar constancia pública de su temor, responsabilizando directamente a quienes se sentían afectados por su labor fiscalizadora. “Hago responsable de cualquier atentado contra mi integridad y la de mi familia a quienes he denunciado”, sostuvo.
Tras su asesinato, el reclamo de su hijo apunta a una falla estructural del sistema de justicia y seguridad: no investigar a tiempo puede costar vidas. La familia exige que no solo se capture a los autores materiales del crimen, sino que se identifique a los autores intelectuales, aquellos que —según sostienen— buscaron silenciar a una regidora incómoda.
El caso de Elena Rojas se suma a una lista cada vez más larga de autoridades locales asesinadas en el norte del país, en un contexto donde la violencia política, el crimen organizado y la débil respuesta del Estado parecen avanzar de la mano. Hoy, su muerte no solo deja una familia destrozada, sino también una pregunta incómoda para las autoridades: ¿qué habría pasado si el atentado de 2024 se investigaba a fondo?
