La adjudicación del Hospital de Virú, valorizado en más de 194 millones de soles, ha puesto en el centro del debate público a un grupo de empresas poco conocidas que, en un tiempo récord, escalaron hacia contratos multimillonarios con el Estado. Detrás de esta obra financiada por el Gobierno Regional de La Libertad, administrado por César Acuña, emergen nombres que ahora forman parte de una red de interés empresarial bajo investigación fiscal.
Lucero Coca Condori, una joven de apenas 23 años y recién egresada de la carrera de Derecho, aparece como gerenta general de LC&EC Constructora. Su empresa fue una de las tres firmas que integraron el Consorcio Hospital Virú, el mismo que ganó la licitación para construir el nuevo hospital. Desde 2024, LC&EC ha logrado adjudicarse dos megaproyectos regionales que, juntos, superan los 300 millones de soles.
Pero Coca no es la única figura relevante en este contrato. De acuerdo a un informe publicado por el diario Perú 21, junto a su firma figuran JM Constructores Peruanos y Riva Inmobiliaria Industrial del Perú. La primera pertenece a los hermanos Joel y Nelly Yangari Cartolín y fue constituida en 2014. Aunque sus inicios en contrataciones con el Estado fueron modestos —con órdenes de servicio por montos menores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y luego en el Ministerio de Salud—, el contrato para el Hospital de Virú representa su salto más ambicioso.
El caso toma mayor relevancia cuando se conoce que Joel Yangari también es director del Grupo Johesa, una constructora vinculada a su hermano Saúl Yangari. Esta última empresa acumula contratos con diversas entidades públicas desde 2016. Aunque inició con un capital de apenas S/45,000, el Grupo Johesa firmó su primer contrato por más de 11 millones de soles y desde entonces ha obtenido contratos con gobiernos regionales en Loreto, Tacna, Piura, Callao, e incluso con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).
No todo ha sido favorable. El 6 de mayo de 2024, el Grupo Johesa fue sancionado con una inhabilitación temporal por tres meses tras presentar información inexacta en un proceso de adjudicación en Cusco. A pesar de ello, pocos días después logró otro contrato millonario: más de S/678 millones para la construcción de un puente vehicular en Chorrillos, como parte del Consorcio Huaylas.
A esta ecuación se suma la sucursal peruana de la empresa argentina Riva Inmobiliaria Industrial, que contrató por primera vez con el Estado peruano en 2013. En 2024, obtuvo un contrato de más de S/124 millones con el Gobierno Regional de La Libertad para intervenir el Hospital Santa Isabel de El Porvenir. Ahora participa también en el cuestionado Consorcio Hospital Virú.
La Fiscalía de Trujillo ya ha puesto la lupa sobre estas adjudicaciones. Esta semana ingresó al Gobierno Regional para iniciar una investigación preliminar centrada en los contratos obtenidos por LC&EC y sus socios. ¿Cómo una joven egresada de Derecho terminó gerenciando obras de cientos de millones? ¿Cuál es el verdadero poder de los hermanos Yangari en el sector construcción? Y ¿por qué siguen ganando contratos incluso tras sanciones?
En juego no solo está la transparencia en la ejecución de uno de los hospitales más esperados en la región, sino también la credibilidad del aparato estatal encargado de fiscalizar las contrataciones públicas. El Hospital de Virú es hoy símbolo de esperanza y, al mismo tiempo, de sospecha.
