El polvo aún no se asentaba en los caminos escarpados de Pataz cuando los helicópteros y patrullas rompieron el silencio de la madrugada. Eran las primeras horas del domingo cuando se desplegó un operativo sin precedentes en la sierra liberteña, una de las zonas más afectadas por la expansión de la minería ilegal en el país. El objetivo: desarticular una estructura criminal que había hecho de la extracción aurífera un negocio multimillonario y una amenaza directa a la seguridad y el medioambiente.
Las fuerzas conjuntas encabezadas por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la Fiscalía especializada, el Ministerio de Energía y Minas, SUCAMEC y la Gerencia Regional de Energía y Minas, irrumpieron simultáneamente en los anexos Santa María y Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz. Durante más de 17 horas, intervinieron ocho bocaminas ilegales y dos pozas de cianuración, descubriendo un escenario tan lucrativo como alarmante.
Los agentes no solo encontraron las evidencias clásicas de actividad minera ilegal: herramientas rudimentarias, socavones improvisados, pozas contaminantes y toneladas de tierra removida. También hallaron un arsenal de guerra. Siete mil explosivos, trescientas cápsulas detonantes, seis fusiles de largo alcance con 50 municiones cada uno, una pistola abastecida con cien balas, además de 18 mil kilos de material aurífero listo para ser procesado, fueron incautados. Los operativos permitieron también la captura de cuatro personas: Wilder Obed Eras Segura, Yonoel Darwin Pozo Lucas, Gloria Nancy Gálvez Cruz e Ítalo Benito Manuyama Tuanamá, este último con requisitoria vigente. Todos enfrentan ahora investigaciones por tenencia ilegal de armas y explosivos, entre otros delitos.
Las autoridades no solo confiscaron bienes: también procedieron a la destrucción inmediata de las bocaminas ilegales y pozas contaminantes, utilizando explosivos controlados para evitar su reutilización. El material decomisado, valorizado en más de 30 millones de soles, representa un golpe severo a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la zona, muchas de ellas vinculadas a redes de extorsión, sicariato y trata de personas.
El general PNP Manuel Lozada, director de la Policía de Medio Ambiente, fue enfático al señalar que ninguna de las bocaminas intervenidas contaba con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Esto, sumado a los antecedentes delictivos de los detenidos y al nivel de sofisticación del armamento, confirma que la minería ilegal ha mutado: ya no se trata de pequeños mineros informales, sino de verdaderas mafias armadas que operan con impunidad y control territorial.
Las consecuencias de estas actividades no se limitan al plano judicial. El daño ambiental es inmenso. Las pozas de cianuración, utilizadas para separar el oro de la roca, contaminan ríos y suelos, afectando la biodiversidad y la salud de las comunidades cercanas. Las autoridades regionales han solicitado a la Gerencia de Energía y Minas iniciar procedimientos administrativos contra al menos doce actividades mineras identificadas como contaminantes, a fin de excluirlas del Reinfo y denunciarlas por delitos ambientales.
Pataz, uno de los epicentros históricos de la fiebre del oro en el Perú, vive hoy una etapa crítica. Mientras los operativos como este intentan frenar el avance de las mafias, las comunidades locales siguen atrapadas entre la promesa económica del oro y la violencia que este ha traído consigo. La minería ilegal, lejos de ser un fenómeno marginal, ha tejido redes complejas que exigen respuestas firmes, sostenidas y coordinadas entre todas las instancias del Estado.
