Todo comenzó en plena madrugada. Eran las 04:45 del 15 de noviembre de 2025, cuando un equipo mixto integrado por agentes del SECEME Trujillo, personal UDEX y miembros de SUCAMEC realizaba un operativo conjunto en la Carretera Industrial, cerca de la intersección con la Av. Santa. La noche estaba casi en calma, hasta que la rutina se quebró con un detalle mínimo, pero decisivo: un furgón blanco que avanzaba con placas que presentaban logotipos de seguridad propios de vehículos que transportan explosivos.
Esa simple observación activó la alerta. El vehículo –marca Dongfeng, modelo Captain 714, placa BKF-884– fue identificado mientras se desplazaba con dirección a Quirihuac. Al volante iba Rowin Richard Travezano Rojas, y a su lado como copiloto Alejandro Sorroza Chávez, ambos luego plenamente identificados en el acta policial.
Según la narración oficial, al notar la presencia policial los ocupantes no se detuvieron. Por el contrario, aceleraron, obligando a los efectivos a iniciar una persecución que se extendió por distintos tramos de la ruta hacia la Sierra Liberteña. La camioneta pasó el peaje menor del kilómetro 25, continuó hacia Simbal y posteriormente se internó por la carretera de penetración rumbo al KM 30, en la zona conocida como Grifo PECSA.
Fue a esa altura donde finalmente los agentes lograron cerrarle el paso y reducir a los ocupantes.
El hallazgo explosivo
Una vez controlada la intervención, la policía solicitó la apertura del vehículo y la verificación de la carga, bajo supervisión de UDEX y SUCAMEC. Lo encontrado dentro del furgón fue contundente: 50 MIL metros de mecha de seguridad (clase 1.4/UN0105) y 25 unidades de detonadores de mecha o fulminantes (clase 1-1B / UN0029).

Material típicamente utilizado para actividades de voladura en minería o canteras. La carga, según el documento, estaba consignada en una Guía de Transporte GRAVEMAR-IM, con fecha 14 de noviembre de 2025. Sin embargo, esa guía ya no tenía validez: se hallaba vencida, lo que constituye una infracción grave en el manejo y traslado de explosivos.
El arma de fuego encontrada en poder de los intervenidos —un revólver Ranger calibre .38, serie PE08-008D3E1— también fue incautada debido a que no contaban con licencia vigente.
Irregularidades y sospechas
El operativo conjunta detectó además otras irregularidades: La empresa consignada en la guía (GRAVEMAR-IM) tenía documentación vencida, el personal no portaba autorización SUCAMEC para traslado de material explosivo y La ruta tomada no coincidía con la que figuraba en los documentos.

Este último punto fue crucial: según el acta, la policía observó que el furgón no se dirigía a la dirección declarada, sino que circulaba por una zona conocida por su conexión con actividades mineras informales.
Tras el aseguramiento del vehículo, personal UDEX procedió al conteo y verificación del material explosivo. Todo quedó debidamente consignado en: Un acta de inspección y evaluación del material, un acta de rotulado, una cadena de custodia y un acta de lacrado de especies.
El furgón, el arma y los explosivos quedaron bajo custodia de SUCAMEC, mientras que los detenidos fueron trasladados a la CPNP Laredo para las diligencias correspondientes.

La intervención concluyó oficialmente a las 08:30 horas, cuando todos los intervinientes –policías, personal técnico y los dos sujetos– firmaron el documento donde consta el operativo.
El caso no es menor: la carretera Industrial – Santa – Quirihuac – Simbal – Sierra Liberteña es un corredor históricamente sensible para el traslado de insumos mineros, tanto legales como ilegales. En los últimos años se ha documentado que esta ruta sirve como acceso a campamentos informales y a zonas de explotación clandestina en la sierra de La Libertad.
El hecho de que el vehículo no solo intentara evadir la intervención, sino que además circulara con documentación vencida y una carga explosiva significativa, abre más preguntas que respuestas. ¿A dónde se dirigía en realidad el furgón? ¿Para qué actividad serían usados 50 mil metros de mecha? ¿Existe una red de abastecimiento informal? ¿Quién autorizó ese transporte?
Las investigaciones fiscales deberán determinar si se trata de un caso aislado o si forma parte de un circuito más amplio de suministro irregular de explosivos, un factor clave en el crecimiento de la minería ilegal en la región.

