La designación de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad no ha dejado de generar polémica desde el primer día. A las críticas iniciales por su supuesta falta de idoneidad y su vínculo con el partido Alianza para el Progreso (APP), se suma ahora una denuncia penal interpuesta ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, agravando su situación institucional y personal.
El ciudadano Javier Carrión Ojeda formalizó una denuncia acusándola de la presunta comisión de los delitos de aceptación ilegal del cargo y falsedad ideológica. Según su relato, Olórtegui no solo habría asumido el cargo sin cumplir con el perfil técnico requerido, sino que también habría infringido la normativa que exige imparcialidad política para los funcionarios de la Defensoría. La denuncia fue acompañada por el Informe de Control Específico N°001-2025-2-0680-SCE, emitido por la Contraloría General de la República, documento en el que se advierte que la actual jefa no acreditó experiencia específica relacionada con la función que desempeña.
La controversia se agrava aún más cuando el órgano de control señala que, al momento de ser nombrada, el 18 de noviembre de 2024, María Olórtegui aún figuraba como militante activa de APP, el partido liderado por César Acuña Peralta. Esta situación vulneraría gravemente el principio de neutralidad política que rige la actuación de los servidores de la Defensoría del Pueblo, hecho que se habría prolongado durante más de tres meses, hasta el 5 de marzo de 2025, fecha en que formalizó su desafiliación partidaria.
El Colegio de Abogados de La Libertad también ha expresado su inquietud frente a este caso. A través de un pronunciamiento oficial, su decano, Yvo Hora Ordinola, manifestó su “profunda preocupación” por la permanencia de Olórtegui en el cargo, considerando que este tipo de situaciones comprometen la independencia y credibilidad de una institución cuya misión esencial es defender los derechos fundamentales de los ciudadanos.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, María del Carmen Olórtegui ha optado hasta el momento por no pronunciarse públicamente sobre el caso. Consultada en reiteradas ocasiones, evitó responder a los medios, aunque en anteriores declaraciones admitió que su experiencia no proviene del ámbito de la gestión pública, sino de su labor en el área de Responsabilidad Social y Desarrollo de Talentos de la Universidad César Vallejo. “Eso me ha permitido tener las diferentes aristas que también se manejan dentro de la Defensoría del Pueblo”, sostuvo en su defensa en una entrevista pasada.
La situación de Olórtegui se complica, mientras las expectativas ciudadanas se centran en el avance de las investigaciones fiscales. Más allá de los procedimientos administrativos, lo que está en juego es la legitimidad de la representación defensora en una región que atraviesa, además, serias dificultades en materia de derechos humanos, acceso a servicios básicos y crisis de gobernabilidad.
