El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo determinó que los congresistas Magaly Ruiz Rodríguez, Roberto Kamiche Morante y Diego Bazán Calderón, quienes buscan la reelección en las elecciones del 12 de abril, vulneraron el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral al utilizar sus redes sociales con fines proselitistas.
Como parte de las acciones adoptadas, los casos fueron derivados al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, a fin de que estas entidades actúen conforme a sus competencias.
Uno de los casos más recientes es el del legislador Diego Bazán, candidato a la Cámara de Diputados por Renovación Popular. Según la Resolución N.° 00803-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 20 de marzo, el parlamentario difundió contenido de carácter electoral a través de sus cuentas de TikTok e Instagram.
La investigación se inició tras una denuncia ciudadana presentada el 19 de febrero. Durante la fiscalización, el JEE verificó la publicación de 14 videos y un flyer entre enero y febrero, en los que se promovía su candidatura y la de otros integrantes de su organización política, así como la del candidato presidencial Rafael López Aliaga.
En su defensa, Bazán argumentó que las publicaciones formaban parte del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y participación política. No obstante, el ente electoral concluyó que el contenido difundido sí constituía propaganda electoral.
En paralelo, el JEE también dispuso la ejecución de una resolución contra la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, quien postula al Senado. En su caso, se determinó que infringió el principio de neutralidad al combinar en su cuenta de Facebook actividades oficiales con contenido de campaña, además de promocionar la candidatura presidencial de César Acuña Peralta.
Asimismo, el organismo electoral declaró consentida la resolución que involucra al parlamentario Roberto Kamiche, también de APP, por una conducta similar en redes sociales. Según el informe, el congresista habría utilizado su investidura para difundir contenidos que mezclan gestión pública con promoción electoral.
El análisis del JEE advierte que este tipo de prácticas compromete la imparcialidad del Estado, al utilizar cargos públicos como plataformas de posicionamiento político en pleno proceso electoral.
Estos casos se enmarcan en el conjunto de fiscalizaciones que viene realizando el sistema electoral para garantizar el cumplimiento de las normas durante la campaña, especialmente en lo relacionado con el uso de recursos y la conducta de funcionarios públicos.
