La Tercera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió una resolución que corrige la libertad que se le dio en su momento a los supuestos integrantes de la organización criminal «La Gran FA», pero crea una grieta, toda vez que la mayoría están en la calle y ahora se tiene que volver a ejecutar un trabajo para ubicarlos y ponerlos tras las rejas, entre ellos al coronel PNP Arturo Miguel Balta Paredes
En la resolución emitida, la Tercera Sala de Apelaciones declaró fundad la apelación del Ministerio Público contra la resolución de primera instancia por comparecencia restringida y orden prisión preventiva de 36 meses contra José Agustín Arteaga López, Yane Silvia Valerio Zavaleta, Santos Melanio Arévalo Quiroz, Gauer Javier Honores Ulloa, Deyner Ronaldo Bazán Arteaga, José Deyvis Cruzado Pereda, Elmer Roberto Niquin Vidal, Zocimo Ormenio Hermenegildo Rodríguez, Paúl Vicente Valverde López, Sandra Marleny Rosales Mendoza, Yefferson Katriel Aurellano Quipuzcoa, Raúl Fausto Araya Neyra y Arturo Miguel Balta Paredes.
Se emitieron oficios a las dependencias policiales y al departamento de requisitorias para la ubicación y captura de estos individuos, disponiendo su ingreso al establecimiento penitenciario correspondiente, en este caso el penal El Milagro de Trujillo.
En el caso particular de Arturo Miguel Balta Paredes, la Fiscalía le imputa ser parte de la Organización Criminal «La Gran FA» en calidad de coronel PNP y jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) – Trujillo durante 2023. Según la acusación, habría ejercido arbitrariamente su cargo para omitir su responsabilidad en la seguridad ciudadana, beneficiando a la red criminal en su operación de minería ilegal.
El tribunal observó que, aunque inicialmente no se encontraron pruebas directas de su participación en la organización, informes de estado mayor y escuchas telefónicas posteriores revelaron una conexión más clara. Entre los diálogos interceptados, se destaca la conversación entre José Alfredo Huamán López y Balta Paredes sobre la «Santa Rosita», una supuesta estatua que Balta planeaba entregar a su superior en la policía para asegurarse de que la organización criminal recibiera protección.
Además, las escuchas telefónicas mostraron que Balta Paredes solicitó el cambio de policías en el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) – Lajón para garantizar que la operación criminal no se viera afectada. Por ello, el tribunal demostró que existen elementos fundados de convicción de que Balta formaba parte de la red delictiva y representaba un riesgo procesal debido a su influencia en la policía y las amenazas que, según informes, hizo llegar a otros policías.
