Juez bajo amenaza ya tiene protección policial por orden de Lima

La Policía Nacional del Perú ha tomado medidas inmediatas para brindar resguardo especial al juez liberteño Rosendo Vía Castillo, luego de que su vivienda fuera atacada con explosivos presumiblemente por la banda criminal conocida como “Los compadres”, conformada por una facción de “La jauría” y “Los pulpos”, que se dedican al sicariato, extorsión, tráfico de terrenos y secuestros.

El objetivo de esta acción es garantizar la seguridad del magistrado en medio de preocupaciones sobre su integridad personal. La Policía Nacional ha asignado un miembro de seguridad dedicado exclusivamente a proteger al juez Vía Castillo y asegurarse de que pueda desempeñar sus funciones sin temor a represalias.

Sin embargo, esta orden viene desde Lima, toda vez que se ha detectado, durante las investigaciones del caso, que “Los compadres” tienen nexos cercanos con malos agentes de la III Dirección Territorial Policial de La Libertad, tal como lo sabe el Comando Policial, casos que iremos dando a conocer en Causa Justa.

Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, ha expresado su absoluto rechazo a este atentado y ha extendido su solidaridad al juez Vía Castillo y su familia, así como a todos los jueces de las 35 Cortes Superiores del país. Arévalo Vela ha enfatizado que se están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad del magistrado y su familia.

La Policía Nacional del Perú ha iniciado una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este ataque y llevarlos ante la justicia. El caso ha sido tomado con la máxima seriedad y se espera que la investigación arroje resultados prontos. No se descarta que vengan agentes de Lima a Trujillo para investigar el caso.

Este hecho ha generado una gran preocupación en la comunidad trujillana y ha reafirmado la necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia y los vínculos entre organizaciones criminales y agentes de seguridad. Las autoridades se mantienen firmes en su compromiso de proteger a los magistrados y garantizar un sistema judicial seguro y confiable.

La sociedad en general espera que este caso se resuelva satisfactoriamente y que los responsables sean llevados ante la justicia para enfrentar las consecuencias de sus acciones. La seguridad y el bienestar de los jueces y sus familias son fundamentales para garantizar un sistema judicial justo y transparente en el país.

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