El rumbo del proceso judicial más mediático del país —el caso Cócteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori— ha quedado ahora en manos del juez liberteño Wilson Omar Verástegui Gálvez, un magistrado con trayectoria en el Ministerio Público y cercanía a al entorno del exgobernador regional y líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, tal como éste último lo expresó, según el semanario Hildebrandt en sus trece.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), emitida el pasado 20 de octubre, ordenó el archivo definitivo del proceso penal que impulsó el fiscal José Domingo Pérez contra Fujimori y otros dirigentes fujimoristas, decisión que ha reconfigurado el escenario judicial y político del país.
Wilson Verástegui fue designado juez penal titular de la Corte Penal Nacional en septiembre de 2024, luego de doce años de servicio como fiscal adjunto provincial en el distrito fiscal de La Libertad, donde tuvo contacto frecuente con autoridades vinculadas al entorno político de Alianza para el Progreso (APP).
Durante su evaluación ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el magistrado declaró que “el conocimiento es poder” y aseguró tener la preparación necesaria para enfrentar al crimen organizado.
“Enfrentar al crimen organizado no es fácil. El juez debe tener aplomo y buena preparación para hacerlo”, señaló en la entrevista personal ante la consejera María Zavala Valladares, el 27 de septiembre de 2024.
Pese a su corta trayectoria como juez nacional, Verástegui obtuvo el segundo lugar en el concurso que compartió con reconocidos magistrados, entre ellos el propio fiscal José Domingo Pérez.
Antes de su nombramiento, el ahora juez trabajó como fiscal en Trujillo, donde enfrentó una denuncia interna tras ser involucrado por una abogada que aseguró que él y un juez le habrían solicitado 500 soles a un cliente.
El propio Verástegui explicó a la JNJ que se trató de un falso testimonio, pues él había solicitado prisión preventiva mientras el juez dictó comparecencia. La abogada posteriormente se retractó y pidió disculpas públicas, lo que cerró la investigación a su favor.
El magistrado fue finalmente incorporado al Poder Judicial el 21 de octubre de 2024 y designado al Décimo Juzgado Penal Nacional, instancia que un año después recibiría por sorteo el expediente reconfigurado del caso Cócteles.
El 13 de enero de 2025, el Tercer Juzgado Penal Nacional declaró nulo el primer juicio público del caso, en cumplimiento de la sentencia del TC que señaló que el exministro José Chlimper Ackerman fue víctima de una “acusación sorpresiva”.
El expediente volvió entonces al despacho del juez Víctor Zúñiga Urday, quien lo devolvió al Ministerio Público para reformular la acusación.
Semanas después, Zúñiga presentó su renuncia, la cual fue aceptada en mayo de 2025.
Cuando el fiscal José Domingo Pérez presentó la nueva acusación, esta fue derivada por sorteo al despacho del juez Wilson Verástegui, quien ahora tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento al fallo del TC y convocar una audiencia en los próximos días.
Fuentes judiciales indican que Verástegui deberá escuchar la posición del Ministerio Público, la Procuraduría del Estado y la defensa de Fujimori, antes de emitir una resolución que podría cerrar definitivamente uno de los procesos más emblemáticos por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas en el Perú.
El caso Cócteles no solo representa un hito judicial, sino también un símbolo de la lucha anticorrupción emprendida por el equipo especial Lava Jato. La decisión del juez liberteño podría marcar un precedente definitivo en la relación entre la justicia y la clase política peruana.
“Con esta nueva designación, el futuro del caso Fujimori dependerá del criterio de un magistrado que se formó en Trujillo y ascendió rápidamente dentro del sistema judicial”, advirtió una fuente cercana al Ministerio Público.
