En el distrito de La Esperanza, un equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), que depende directamente de Lima, realiza una investigación que está poniendo en cuestionamiento el deber que debería cumplir varios fiscales, pero que ha sido dejado de lado, con prácticas de negligencia y una aparente indiferencia ante la ley.
ANTECEDENTES
El epicentro de esta tormenta es la Fiscalía Mixta de La Esperanza, una institución creada para proteger a la sociedad, pero que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por las faltas de sus representantes. Y es que el caso de la fiscal adjunta provincial provisional Ana Altamirano Malabrigo, quien, en un momento crítico, prefirió acudir a una celebración familiar en vez de atender un caso de robo a mano armada contra dos policías, no sería aislado, pues habría otros casos que ya vienen siendo documentados y son de especial seguimiento de los detectives.
Un equipo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo el mando directo de Lima, ha iniciado un seguimiento minucioso a los fiscales de esta fiscalía tras detectar patrones comunes de negligencia. Se ha reportado que algunos fiscales llegan tarde y se retiran temprano, presuntamente en complicidad con el personal de Vigilancia, lo cual ha impactado negativamente en el avance de los casos prioritarios marcados en rojo.
ABUSOS Y COMPLICIDAD
Existen cinco fiscales más bajo la lupa del equipo especial de la PNP, que depende directamente de Lima. Estos fiscales, que deberían liderar la lucha contra el crimen, han optado por llegar tarde y salir temprano de sus funciones, dejando los expedientes a la deriva. Los investigadores han identificado prácticas como el reemplazo entre fiscales para cubrir audiencias y la delegación de responsabilidades a secretarios fiscales, lo que ha generado atrasos de hasta 400 días en algunas carpetas fiscales.
En un espectáculo sombrío de rutina y comodidad, el área de Vigilancia parece ser su cómplice silencioso, permitiendo la entrada y salida de estos servidores públicos sin cumplir el horario estipulado, según las fuentes policiales consultadas por Causa Justa.
En esta Fiscalía de La Esperanza, donde cada caso debería ser un acto de justicia y esperanza para la población, se registran retrasos de hasta 400 días en las carpetas fiscales, según las fuentes consultadas. Son carpetas marcadas en rojo, que simbolizan casos urgentes y necesarios, pero que han sido abandonadas por los representantes de una institución que ha perdido su rumbo. El tiempo, como un enemigo silencioso, ha convertido estas carpetas en espectros de la justicia: documentos llenos de promesas incumplidas y pruebas que, con cada día que pasa, pierden peso y sentido.
Los informes también han revelado un patrón de encubrimiento entre los fiscales. Estos funcionarios, lejos de atender sus obligaciones, se reemplazan en audiencias sin previa notificación, mientras delegan tareas cruciales a secretarios fiscales que, en muchos casos, no poseen la autoridad ni el conocimiento para manejar esos casos, refieren las fuentes policiales.
LOS ALERTAN
Como si se tratara de un guion premeditado, estos fiscales reciben alertas sobre las visitas de inspección del área de Control Interno del Ministerio Público de La Libertad. En esos días, los fiscales cumplen con el horario establecido, actuando bajo un manto de falsa responsabilidad, solo para regresar a su ritmo habitual de descuido una vez que la inspección ha pasado. La investigación también ha revelado una extraña práctica: algunos fiscales han sido acusados de sugerir a los investigados que cambien de abogados, un hecho que levanta serias sospechas sobre sus motivaciones y compromisos.
La negligencia y el encubrimiento no solo representan una falta administrativa, sino que también tienen consecuencias devastadoras en la vida real. En un lugar como La Esperanza, donde la inseguridad y la violencia son parte de la cotidianidad, cada caso sin resolver se convierte en una puerta abierta para la impunidad. Las víctimas, que acuden a la Fiscalía con la esperanza de encontrar justicia, se ven atrapadas en un limbo judicial donde sus casos pierden relevancia, y sus voces se disuelven en el eco de oficinas vacías.
Los fiscales del área de Familia, encargados de casos delicados de violencia intrafamiliar y abuso, rara vez participan en las audiencias. En su lugar, estas son asumidas por fiscales penales, quienes, sin especialización en este tipo de procesos, tratan de hacer lo posible en medio de un sistema que parece haber olvidado a sus víctimas. La ausencia de estos fiscales especializados representa una traición al mandato de proteger a los más vulnerables y al deber de velar por los derechos de los ciudadanos.
