La Contraloría General de la República advirtió una grave omisión en el cobro de penalidades al contratista encargado de la reconstrucción de la Institución Educativa José Olaya 80829, ubicada en el distrito de La Esperanza, región La Libertad. La obra, valorizada en S/ 55 millones, acumuló incumplimientos y deficiencias que fueron alertados oportunamente mediante siete informes de hito de control, sin que el Gobierno Regional de La Libertad adopte las acciones correspondientes para exigir las sanciones contractuales.
Según el Informe de Control Concurrente N.° 001-2026 OCI/5342-SCC, que evaluó el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2023 y el 25 de noviembre de 2025, la entidad fiscalizadora comunicó al Gobierno Regional 14 supuestos de penalidad asociados a deficiencias constructivas, uso de materiales, permanencia del plantel técnico, ausencia de personal en obra, falta de equipos de protección personal, así como problemas de seguridad y señalización. Estas observaciones fueron notificadas en distintos momentos, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025.
El informe detalla que, si bien algunas partidas mal ejecutadas fueron corregidas sin costo adicional para la entidad, el contrato establece que la corrección no exime la aplicación de penalidades por cada incumplimiento detectado. Pese a ello, no se efectuó el cálculo ni la recomendación de cobro por parte de los coordinadores de obra (servidores de la entidad) ni de la supervisión externa contratada por S/ 3,7 millones, lo que terminó beneficiando al contratista con la exoneración del pago de las sanciones previstas.
Para la Contraloría, esta omisión debilita el control contractual, afecta el principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos y sienta un precedente negativo en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa. En ese sentido, el informe fue comunicado a la gobernadora regional para que adopte acciones correctivas inmediatas, las cuales deberán ser informadas a la Entidad Fiscalizadora Superior dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
El caso vuelve a poner en agenda la responsabilidad de las entidades ejecutoras y de las supervisiones contratadas en la defensa del interés público, especialmente cuando se trata de inversiones millonarias destinadas a mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes en La Libertad.
