Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 1,400 beneficiarios de los comedores populares de la provincia de Gran Chimú quedaron sin recibir alimentos entre marzo y junio del año pasado debido a retrasos injustificados en la compra de productos por parte de la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, pese a contar con el presupuesto disponible.
El Informe de Control Específico N.° 010-2025-2-3614, que evaluó el periodo comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2024, señala que la División de Programas Sociales solicitó en febrero de 2024 la adquisición de siete productos básicos —como arroz, frijoles, aceite y filete de pescado— para el abastecimiento del Programa de Complementación Alimentaria (PCA). Sin embargo, el contrato recién se firmó a fines de mayo, por un monto de S/ 281,000, y solo incluyó cinco de los alimentos requeridos.
Esto ocasionó que cientos de familias vulnerables permanecieran sin abastecimiento durante tres meses. Los otros dos productos pendientes —frijol de palo y zarandaja— se compraron recién a mediados de junio por S/ 33,432 y fueron entregados en julio, extendiendo la falta de atención hasta por cuatro meses.
La Contraloría precisó que el municipio ya contaba desde febrero con S/ 314,580 disponibles para realizar las adquisiciones de manera oportuna. “El retraso afectó directamente a los beneficiarios del PCA, generando una interrupción en la entrega de alimentos esenciales”, indicó la entidad.
El informe también advierte que cuatro funcionarios de la municipalidad tendrían presunta responsabilidad administrativa por los hechos detectados, motivo por el cual el documento fue remitido al alcalde provincial para las acciones correctivas correspondientes. Este caso refleja una vez más los problemas de gestión y planificación en el uso de recursos destinados a programas sociales, afectando a familias en situación de vulnerabilidad alimentaria en la sierra liberteña.
