La violencia telefónica se ha convertido en una rutina diaria en La Libertad. Cada día, al menos 12 personas denuncian haber sido víctimas de extorsión en esta región, que hoy ocupa el segundo lugar a nivel nacional en este delito, solo superada por Lima Metropolitana.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), entre enero y octubre de este año se registraron 23.213 denuncias de extorsión en todo el país, una cifra que ya supera ampliamente las 18.215 reportadas durante todo el 2024. De ese total, 3.789 casos corresponden a La Libertad, epicentro de una crisis de inseguridad que ni el estado de emergencia ha logrado contener.
Extorsiones desde las cárceles
Durante una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Trujillo, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Guillermo Llerena Portal, reveló que la mayoría de llamadas extorsivas provienen del penal El Milagro, ubicado en el distrito de Huanchaco.
“Lo he dicho una y mil veces. Aunque se me moleste el director del penal, las extorsiones siguen saliendo desde allí. Tampoco me voy a quedar con el problema”, advirtió el general Llerena ante las autoridades ediles.
El alto oficial pidió medidas “más drásticas” al Gobierno Central para neutralizar el accionar delictivo desde las prisiones, similar a lo aplicado en Lima. Entre las propuestas planteadas destacan el “apagón eléctrico” en el penal El Milagro, la reducción de visitas y la prohibición del uso de televisores y equipos tecnológicos en los pabellones de internos de alta peligrosidad.
Teléfonos monederos: el nuevo rostro del delito
Uno de los hallazgos más preocupantes revelados por la Policía es el uso de teléfonos públicos monederos dentro del penal como herramienta para extorsionar.
“Hemos descubierto que de los teléfonos azulitos que hay en el penal también salen llamadas extorsivas. Estamos pidiendo que se reduzcan de doce a cuatro. Que hagan cola si quieren llamar, pero no hay que dar tanta facilidad a los extorsionadores”, señaló Llerena.
Aunque el penal cuenta con bloqueadores de señal celular, especialistas en seguridad advierten que estos no son efectivos del todo, lo que permite que los internos utilicen tanto celulares ilegales como los teléfonos instalados para uso público.
Estado de emergencia y una región sitiada por el miedo
La provincia de Trujillo vive bajo estado de emergencia desde febrero del año pasado, decretado por el Gobierno de Dina Boluarte a raíz de la escalada de homicidios, extorsiones y atentados vinculados al crimen organizado. Sin embargo, pese a la presencia militar y policial, los números siguen en aumento.
En los últimos meses, la extorsión ha evolucionado en sus métodos: ya no solo se dirige a comerciantes o transportistas, sino también a profesionales, empresarios, emprendedores y familias comunes. Las amenazas incluyen llamadas, mensajes de WhatsApp y, cada vez con más frecuencia, videos o fotos enviadas desde números extranjeros.
Un investigador policial consultado por Causa Justa advirtió que Trujillo se ha convertido en un laboratorio del crimen extorsivo:
“Aquí se mezclan las bandas locales con estructuras que operan desde penales de Lima o incluso desde el extranjero. El penal El Milagro es un centro logístico del crimen, no una prisión”.
La urgencia de una estrategia real
Especialistas en seguridad ciudadana coinciden en que las medidas reactivas no bastan. Sin una reforma profunda del sistema penitenciario, con bloqueo real de señales, control de ingresos y rotación permanente de internos de alta peligrosidad, el Estado seguirá combatiendo las consecuencias sin eliminar la raíz del problema.
Mientras tanto, los números hablan por sí solos: más de 23 mil denuncias en diez meses, y La Libertad —una región que alguna vez fue conocida por su dinamismo económico— se consolida como el epicentro del terror telefónico en el norte del país.
