Un nuevo escándalo sacude las altas esferas del Gobierno Regional de La Libertad. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una acusación penal contra Nelson Lozano Chávez, actual gerente de Asesoría Jurídica de la gestión de César Acuña, por el presunto delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.
Según el Ministerio Público, Lozano habría utilizado indebidamente sus horas laborales —remuneradas con recursos públicos— para brindar defensa legal al consejero regional de Pataz, Luis Rodríguez Ponce, quien enfrenta un proceso judicial por falsedad ideológica y ejercicio ilegal de la profesión, relacionado con su designación en la Gerencia Regional de Educación (GRELL). Estos hechos se encuentran judicializados bajo el expediente N° 00523-2022-0-1601 en el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.
La denuncia contra Lozano fue presentada por el ciudadano Manuel Ruiz Briones, quien sustentó su acusación con un documento clave: el Oficio N° 052-2023 del Órgano de Control Interno (OCI) del propio Gobierno Regional, donde se confirma que Lozano ejerció la defensa del consejero fuera de sus funciones regulares como funcionario público, generando una posible afectación a los intereses del Estado.
Discrepancias en la acusación
Pese a que el Ministerio Público ha solicitado ocho meses de prisión por el delito de patrocinio ilegal, el denunciante Ruiz Briones ha expresado su disconformidad, al considerar que se ha omitido el delito de peculado de uso, lo que implicaría una sanción más severa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“No solo se está minimizando la falta, sino que, además, con esta acusación, lo están favoreciendo. No piden ni la inhabilitación. Es probable que esto termine archivándose”, sostuvo Ruiz tras conocer la decisión de la Fiscalía.
Ante esta situación, el denunciante presentó un recurso de oposición ante el procurador público anticorrupción descentralizado de La Libertad, Carlos Valverde Valderrama, para que se revise y se reformule el requerimiento acusatorio, que estuvo a cargo de la fiscal Iris Bernal Polo.
