La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo archivó la investigación preliminar que seguía contra el exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, y la actual gobernadora Joana Cabrera Pimentel por presuntos delitos vinculados a designaciones irregulares en cargos públicos dentro de la Gerencia Regional de Educación.
La decisión fiscal pone fin, al menos en la vía penal, a las acusaciones relacionadas con la designación de la funcionaria Flor Ahon Solis en puestos clave del sector Educación.
¿Por qué investigaban a César Acuña?
La denuncia fue presentada por Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Estado.
Según la acusación, César Acuña habría designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 000040-2024 a Flor Ahon Solis como subgerenta de Gestión Institucional de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, pese a que supuestamente no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo.
El cuestionamiento principal giraba en torno a la falta de experiencia laboral requerida.
La funcionaria permaneció en dicho puesto hasta agosto de 2024.
Joana Cabrera también fue incluida
El caso también alcanzó a la actual gobernadora regional, Joana Cabrera Pimentel.
Según la denuncia, el mismo día que Flor Ahon dejó el primer cargo, Cabrera firmó la Resolución Ejecutiva N.° 000417-2024 para designarla como subgerenta de Promoción Escolar, Cultura y Deporte.
El denunciante sostenía que nuevamente la funcionaria no reunía el perfil técnico requerido para el puesto.
Por ello, el Ministerio Público abrió investigación preliminar por los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento indebido para cargo público.
Fiscalía descartó delito penal
Sin embargo, tras las diligencias realizadas, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para sostener responsabilidad penal contra César Acuña ni Joana Cabrera.
La resolución fiscal, emitida el pasado 14 de abril, señala que no se configuró una conducta típica penal.
Además, precisa que las observaciones formuladas corresponderían, en todo caso, a un ámbito administrativo y no penal.
“El derecho penal es la última ratio”
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público fue que el derecho penal solo debe intervenir cuando existe una afectación grave de bienes jurídicos.
“La conducta realizada por los investigados evidencia ausencia de presupuestos que indiquen que incurrieron en un acto tipo penal”, señala la resolución.
Asimismo, la Fiscalía remarca que el derecho penal es el mecanismo más severo del Estado y no puede utilizarse para resolver controversias administrativas menores.
Debate sobre designaciones en el Estado
El caso vuelve a poner en discusión las cuestionadas designaciones de funcionarios en entidades públicas y los criterios técnicos utilizados para ocupar cargos de confianza.
Aunque la investigación penal fue archivada, especialistas señalan que las entidades públicas aún podrían revisar administrativamente si los perfiles y requisitos se ajustaban a la normativa vigente.
La decisión fiscal se produce en un momento político sensible para Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, que atraviesa tensiones internas tras los resultados electorales recientes y cuestionamientos sobre la gestión regional.
El archivamiento podría ser utilizado políticamente por APP como un argumento de defensa frente a las críticas sobre presuntos favorecimientos y designaciones en el aparato regional.
