A pesar de las sucesivas declaratorias de estado de emergencia en las provincias de Pataz y Virú, la violencia y la criminalidad no ceden en La Libertad. Según el coronel PNP en retiro Roger Torres, la región enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de los últimos años, con más de 300 homicidios registrados solo en el 2023, cifra que convierte a ese año en el más violento de la última década.
El exoficial, con amplia experiencia en temas de inteligencia policial, sostuvo que los resultados de las medidas extraordinarias aplicadas por el Ejecutivo han sido insuficientes y descoordinadas, lo que ha permitido la expansión del crimen organizado en zonas donde operan bandas ligadas a la minería ilegal, el sicariato y la extorsión.
“El 2023 fue el año con más homicidios en La Libertad: más de 300, pese a la declaratoria de emergencia permanente. En 2024 hubo 248 homicidios y este año ya pasamos los 200. Está claro que la emergencia no tuvo resultados ni en Pataz ni en Virú”, advirtió Torres.
Torres señaló que la raíz del problema no solo está en la falta de recursos, sino en la fractura institucional que impide una respuesta unificada frente al crimen.
“Lo peor es que las instituciones están divorciadas: la Fiscalía está enfrentada con la Policía, y cuando no hay articulación, el resultado es este. La delincuencia avanza porque el Estado no habla con una sola voz”, afirmó.
Esta descoordinación, advierte, beneficia directamente a las organizaciones criminales, que aprovechan los vacíos en la gestión de inteligencia y justicia para replegarse o mutar sus operaciones hacia otras provincias.
Las provincias de Pataz y Virú se han convertido en epicentros de la violencia en el norte peruano, con múltiples atentados, secuestros y asesinatos que han obligado al Gobierno a mantener el estado de emergencia durante más de un año.
En Pataz, los enfrentamientos entre bandas vinculadas a la minería ilegal se han intensificado, mientras que en Virú la extorsión y el sicariato golpean a transportistas y comerciantes.
Pese a la presencia militar y policial, los indicadores de seguridad no mejoran y las denuncias por cobros de cupos, amenazas y homicidios se mantienen en niveles críticos.
El aumento de la inseguridad tiene un efecto directo sobre la economía regional. Sectores como el turismo, el comercio y la inversión privada han visto deteriorada su confianza ante la percepción de un Estado debilitado.
Empresarios locales aseguran que la violencia, sumada a los conflictos entre autoridades, está frenando la recuperación económica postpandemia.
“La inseguridad aleja al visitante, desalienta la inversión y destruye empleos. Sin estabilidad, no hay turismo posible”, lamentó un representante del sector hotelero de Trujillo.
Especialistas coinciden en que sin una estrategia integral de seguridad, que incluya inteligencia, control territorial, fortalecimiento de la justicia y participación ciudadana, La Libertad seguirá perdiendo competitividad y desarrollo.
El coronel Torres enfatizó que la solución pasa por restaurar la articulación entre las instituciones y dotar de liderazgo a la estrategia regional de seguridad.
“El crimen no se combate con comunicados ni con más policías sin inteligencia. Se necesita coordinación real entre la PNP, el Ministerio Público, los gobiernos locales y la población”, sostuvo.
Mientras tanto, la región continúa bajo amenaza constante: los extorsionadores avanzan, la minería ilegal se expande y la confianza ciudadana se erosiona. La urgencia de una política de seguridad efectiva y sostenible es cada vez mayor.
