El sonido de la dinamita volvió a romper el silencio de las montañas de Pataz. Pero esta vez no fue una detonación minera: fue un operativo policial. A las 6:30 de la mañana, en el sector conocido como El Encanto, anexo de Retamas, agentes de la Comisaría PNP Retamas ingresaron a una bocamina clandestina y hallaron lo que ya es una constante en el corazón aurífero de la sierra liberteña: explosivos, mecha lenta y dos jóvenes atrapados en una maquinaria de delito y subsistencia.
Los detenidos —Mariño Paul Briceño Saavedra (18) y José Armando Saavedra Baca (26)— fueron sorprendidos dentro de un socavón donde se realizaban labores de minería ilegal. En el interior, los policías encontraron 47 cartuchos de dinamita Emulnor 3000 y 100 metros de mecha lenta. No había registro de concesión, ni permiso ambiental, ni medidas de seguridad: solo la oscuridad del túnel, el ruido del aire comprimido y el olor a pólvora que acompaña al oro.
Ambos fueron trasladados a la dependencia policial de Retamas y enfrentan investigaciones por tenencia ilegal de explosivos y minería ilegal. Son dos nombres más en una lista que no deja de crecer desde que, en mayo pasado, el Gobierno declaró en emergencia la provincia de Pataz.
Una guerra soterrada en las montañas
Desde entonces, las fuerzas del orden han reportado cifras impactantes: más de S/ 245 millones en bienes destruidos vinculados a la minería ilegal, 75 bocaminas clausuradas, 24 socavones inutilizados, 52 campamentos desmantelados, además de 62 personas detenidas y 72 armas decomisadas.
Pero la estadística, aunque contundente, no alcanza para describir el drama que se vive en los Andes liberteños. Detrás de cada operativo hay una red que se reorganiza, una maquinaria económica que se adapta y una estructura delictiva que vuelve a florecer bajo nuevos nombres.
Los explosivos hallados no son simples herramientas de trabajo. Son símbolos de un conflicto de poder, dinero y territorio que tiene al Estado como actor ausente y a los mineros ilegales como protagonistas de una economía paralela que corroe desde dentro a las comunidades.
Jóvenes atrapados entre el oro y la pobreza
Los dos detenidos tienen 18 y 26 años. En otras circunstancias, podrían estar estudiando o migrando hacia la costa en busca de empleo. En cambio, fueron encontrados dentro de un socavón cargando dinamita. En Pataz, el oro se ha vuelto una trampa que atrae a los jóvenes como la luz a los insectos: una promesa inmediata de dinero que termina por devorarlos.
La minería ilegal no solo destruye cerros y ríos; también fractura generaciones. Crea una cultura del riesgo donde el trabajo sin licencia se normaliza, y donde portar explosivos es tan común como llevar una herramienta de mano.
El suboficial que participó en la intervención —que pidió no revelar su nombre— lo resume con crudeza:
“Aquí cualquiera puede conseguir dinamita. En cada bocamina hay gente que ni siquiera sabe manejarla. Son chicos que ganan por día y arriesgan la vida sin saber que están dentro de un delito”.
Emergencia sin control
Desde que Pataz fue declarada zona de emergencia, los operativos se han intensificado, pero también las tensiones. Los mineros formales denuncian hostigamiento; los ilegales se reagrupan y las bandas criminales se mueven entre los túneles y las trochas.
La provincia se ha convertido en un tablero de intereses cruzados: grandes empresas como Minsur que promueven proyectos como La Colorada, mineros informales amparados en el REINFO, y redes de minería ilegal que utilizan el registro como escudo para operar.
En medio de esa maraña, la población vive entre la desconfianza y la violencia. Los explosivos, los camiones de mineral y los entierros clandestinos forman parte del paisaje cotidiano. La minería, que alguna vez fue sinónimo de progreso, hoy se asocia con asesinatos, extorsiones y destrucción ambiental.
El oro que corroe
El hallazgo en El Encanto no es un hecho aislado: es un síntoma. Cada cartucho de dinamita confiscado es una evidencia de que el Estado sigue llegando tarde. Las cifras del Ministerio de Defensa no alcanzan para contener un fenómeno que se alimenta de la informalidad, la pobreza y la ausencia de autoridad local.
Mientras tanto, las redes criminales continúan trasladando oro hacia plantas de beneficio en Trujillo y Lima, donde se mezcla con producción legal y termina exportado como “mineral formalizado”. El REINFO —ese registro que debía conducir a la legalidad— se ha convertido en la coartada perfecta.
En el papel, Pataz está en emergencia. En el terreno, el oro ilegal sigue financiando el crimen.
Una bomba de tiempo
Los 47 cartuchos de dinamita hallados esta semana son apenas una fracción de lo que circula en la provincia. Fuentes policiales estiman que cada semana ingresan más de mil unidades de explosivos a la zona, muchas de ellas desviadas de minas formales. Los operativos logran interceptar apenas una mínima parte.
La pregunta que ronda entre los agentes es simple y dolorosa:
“¿Cuántas toneladas de oro y dinamita más deben pasar por Pataz para que alguien en Lima entienda que esto ya no es minería, sino una guerra silenciosa?”
Una herida abierta
El operativo de El Encanto termina con dos detenidos, pero no con el problema. Al contrario, confirma que la minería ilegal en La Libertad no solo sobrevive: se reinventa. Y mientras las explosiones sigan retumbando bajo tierra, el Estado continuará reaccionando, no previniendo.
En las entrañas de Pataz, la dinamita sigue encendida. Solo falta saber cuándo —y dónde— volverá a estallar.
