La región La Libertad enfrenta un serio problema de gestión pública. Según cifras recientes, se han identificado 86 obras paralizadas entre enero y junio de este año, lo que representa el 3.5% del total de proyectos detenidos a nivel nacional. Esta situación refleja no solo la ineficiencia en la ejecución de proyectos de inversión, sino también las pérdidas millonarias que afectan directamente a la población liberteña.
De acuerdo con el reporte, el monto comprometido en estas obras inconclusas alcanza los S/ 5,676 millones. El desglose por niveles de gobierno muestra que las municipalidades concentran S/ 772 millones en proyectos detenidos; el Gobierno Regional suma S/ 3,928 millones; y el Gobierno Central acumula S/ 976 millones. Estas cifras evidencian un problema transversal en todas las instancias estatales.
La Libertad no es un caso aislado. El ranking de regiones con más obras paralizadas está liderado por Arequipa, que encabeza la lista con compromisos detenidos por S/ 7,742 millones, seguida por Lima (S/ 4,742 millones), Piura (S/ 3,928 millones) y Cajamarca (S/ 2,830 millones). Sin embargo, el impacto en La Libertad adquiere una connotación especial debido a la magnitud de la violencia, las carencias en infraestructura educativa y de salud, y la necesidad de mejorar los servicios básicos que siguen esperando miles de familias.
Los gremios empresariales han advertido que estas paralizaciones frenan el desarrollo regional y generan un doble perjuicio. Por un lado, se destinan recursos públicos que finalmente no se ejecutan y permanecen inmovilizados. Por otro, la población no recibe las obras prometidas, lo que profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y mantiene en pausa la posibilidad de generar empleo formal y dinamizar la economía local.
El caso de La Libertad se agrava si se considera que esta región, en los últimos años, ha sido escenario de conflictos sociales, criminalidad en aumento y deficiencias estructurales en sectores como transporte, educación y salud. Las obras detenidas representan hospitales que no se terminan, colegios que no se entregan, carreteras inconclusas y proyectos de agua potable que nunca se ponen en marcha, mientras los ciudadanos continúan esperando soluciones urgentes.
Expertos señalan que una de las causas principales de este fenómeno es la falta de capacidad técnica en los equipos de formulación de proyectos y la alta rotación de funcionarios en los gobiernos subnacionales. A esto se suma la corrupción, que en muchos casos deriva en procesos judiciales y arbitrajes que terminan por paralizar las inversiones.
Frente a este panorama, el desafío para La Libertad es enorme. Reactivar los proyectos requiere voluntad política, eficiencia administrativa y un control riguroso de los procesos de contratación. De lo contrario, los millones comprometidos seguirán estancados, mientras la población liberteña continúa siendo víctima de la ineficiencia y el desgobierno.
