Un nuevo cuestionamiento a la gestión de Sedalib S.A., empresa encargada de los servicios de agua potable y alcantarillado en La Libertad, salió a la luz tras un informe de la Contraloría General de la República, que reveló serias irregularidades en la contratación del servicio de médico ocupacional para el periodo 2025–2027, por un monto de S/ 309 mil.
Según el organismo de control, Sedalib no realizó una fiscalización adecuada ni oportuna de la documentación presentada por la empresa ganadora de la adjudicación simplificada, permitiendo que se suscriba un contrato pese a que parte de los documentos eran falsos o no reconocidos por las entidades supuestamente emisoras ni por la propia profesional involucrada.
El proceso de selección otorgó la buena pro el 26 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual la empresa estaba legalmente facultada para ejecutar la denominada fiscalización posterior de la oferta ganadora. Sin embargo, esta verificación recién se inició el 9 de julio de 2025, es decir, más de seis meses después, y solo luego de que la Contraloría solicitara información formal el 3 de julio, tras una denuncia ciudadana.
De acuerdo con el informe, la revisión efectuada por Sedalib fue parcial e insuficiente, pues se limitó a evaluar algunas constancias de prestación de servicios profesionales presentadas para acreditar la experiencia de la médico ocupacional. No se verificaron otros documentos clave, como el certificado de maestría, requisito indispensable para la contratación.
Este documento académico fue uno de los puntos más críticos del hallazgo. Durante las indagaciones de la Contraloría, ni la profesional señalada ni la universidad mencionada reconocieron la validez del certificado, lo que pone en entredicho la legalidad del proceso de selección y la idoneidad del servicio contratado.
Más grave aún, respecto a las constancias de servicios profesionales presuntamente emitidas por dos empresas, la propia médico ocupacional declaró ante la Contraloría que nunca trabajó para dichas entidades, y que la información presentada en su nombre era falsa. Esta afirmación refuerza la hipótesis de que el proveedor presentó documentación adulterada o inexistente para cumplir con los requisitos exigidos en las bases del proceso.
Pese a estas irregularidades, el contrato fue suscrito y el servicio continúa siendo prestado hasta la fecha, utilizando a una profesional cuya experiencia y formación no fueron debidamente acreditadas durante la etapa de selección.
Los hallazgos ya fueron notificados al presidente del directorio de Sedalib S.A., a fin de que adopte las acciones correctivas y administrativas que correspondan dentro de su competencia. No obstante, el informe de la Contraloría vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de la empresa, así como la responsabilidad de sus funcionarios en la supervisión de procesos de contratación financiados con recursos públicos.
Este caso se suma a una serie de cuestionamientos a entidades públicas y empresas estatales por deficiencias en la verificación de requisitos, lo que abre la puerta a contrataciones irregulares y afecta la confianza ciudadana en la gestión de servicios esenciales como el agua potable en la región La Libertad.
