Por Olinda Valdez
Lideresa feminista y arquitecta
En el mundo, después de la venta de armas, el negocio más lucrativo es la trata de personas. Este grave problema social afecta principalmente a mujeres, y Perú no es una excepción. La trata de personas es una violación flagrante de los derechos humanos que afecta a diversos sectores y regiones alrededor del mundo, y la industria minera no está exenta de esta problemática. En el caso específico de Perú, un país con una rica historia minera, la trata de personas se ha convertido en un problema persistente y preocupante.
¿Cuál es la conexión entre la minería y el trato de personas? ¿Cómo es posible que en Perú exista este delito sin ser detectado por los controles policiales? El crecimiento de la industria minera en el país ha llevado a una mayor demanda de mano de obra, lo cual es aprovechado por las redes de trata para reclutar, transportar y explotar a hombres, mujeres y niños en las minas.
Las víctimas son captadas a través de falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida. Especialmente, las mujeres son atraídas para ser explotadas sexualmente en los campamentos mineros. Aquellas personas que son más vulnerables a la trata son las que provienen de zonas rurales y viven en situación de extrema pobreza, buscando desesperadamente mejores oportunidades. La trata de personas nos muestra una de las formas más crueles de esclavitud moderna.
La trata de personas y la explotación laboral están relacionadas. Esta situación expone a las víctimas a peligros extremos que pueden llevar incluso a la muerte, como el encierro en contenedores con candado para asegurar su productividad. Como ejemplo trágico de ello, en el año 2017, en Perú, un incendio resultó la muerte de personas que se encontraron encerradas en condiciones inhumanas. Además, la falta de condiciones laborales, la informalidad en el trabajo y la ausencia de remuneración privan a las víctimas de sus derechos a la educación, a una infancia segura ya un desarrollo de vida digna.
Perú ha sido identificado como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas. Surge entonces la interrogante: ¿cómo es posible que menores de edad crucen el país sin ser detectados por los controles policiales? La corrupción, expresada en sobornos hacia los agentes policiales, es uno de los factores que contribuyen a la persistencia de la trata de personas en la industria minera peruana. Sumado a esto, la complicidad de algunas autoridades locales y el déficit de recursos para monitorear y regular adecuadamente las operaciones mineras facilitan las actividades de las redes de trata. La falta de voluntad política para resolver los problemas relacionados con la minería ilegal y la trata de personas, que están intrínsecamente ligados, también agrava esta situación.
Si bien los principales centros de trata de mujeres se encuentran en zonas alejadas del centro del país, como la selva de Madre de Dios, esta problemática también afecta a las medianas y grandes ciudades, donde las jóvenes menores de edad son captadas para ser explotadas sexualmente.
Un caso reciente en la selva de Brasil ha expuesto una red de explotación sexual liderada por Wolfgang Brog, un hombre de 75 años con poder adquisitivo. Una menor de edad, víctima de abuso sexual desde los 6 años, tuvo que grabar su violación para que le creyeran, contando con la complicidad de su propia madre.
Esta joven y otras niñas eran llevadas a embarcaciones para ser abusadas por pedófilos. Estos hechos evidencian que Latinoamérica se ha convertido en un lugar donde las mujeres son tratadas como mercancía, con sus cuerpos exotizados y utilizados por europeos como tierras de conquista, consolidando su poder a través de la imposición de relaciones íntimas forzadas. Esta problemática, relacionada con la corrupción y una estructura sistémica donde las personas con menos poder adquisitivo no se encuentran justicia, fomenta la impunidad.
En el caso de Perú, las rutas de trata de mujeres se extienden tanto dentro del país como a nivel internacional. Las principales rutas internas se concentran en las zonas urbanas y turísticas, como Lima, Cusco, Puno y Madre de Dios. A nivel internacional, las víctimas peruanas de trata son enviadas principalmente a países como España, Italia, Japón, Estados Unidos y México.
El gobierno peruano ha tomado medidas para abordar el problema de la trata de personas. Se han promulgado leyes y se han establecido instituciones para combatir este delito, como la Ley de Trata de Personas y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, ya que la problemática persiste y continúa frente a nuestros ojos. Estos grupos delictivos están relacionados con mafias y poderosos que lograron evadir las consecuencias de sus crímenes. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas y mejorar la coordinación entre las entidades involucradas.
La trata de personas en la industria minera de Perú representa una seria amenaza para los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas. La explotación laboral y sexual, así como el tráfico de niños y niñas, resultarán ser problemas persistentes que requieren la acción conjunta del gobierno, las empresas mineras, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional. Es fundamental fortalecer las medidas de prevención, protección y persecución de los responsables para garantizar un entorno seguro y digno para todos los trabajadores en Perú. Resulta imprescindible abordar estos aspectos que precarizan y traumatizan la vida de las mujeres. En ningún lugar del mundo debería permitirse la violación sexual ni el trato de personas.
