En un episodio sin precedentes en la historia reciente de Sedalib, los directores Frank Sánchez Romero (representante de la sociedad civil) y Ricardo Delgado Arana (representante del Gobierno Regional), ambos vinculados a Alianza para el Progreso (APP), irrumpieron en las instalaciones de la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de La Libertad, en un intento —calificado como ilegal— por apoderarse del control de la compañía.
Según testigos y fuentes internas, los dos directores llegaron a la sede de Los Sapitos con la asistencia de una notaría y, pese a la resistencia inicial del sindicato y de los trabajadores, forzaron su ingreso con apoyo policial. Una vez dentro, ocuparon la oficina de gerencia general —cuyo titular se encontraba realizando trabajo de campo en el Valle Chicama— y convocaron una sesión de directorio que fuentes calificaron de “fraudulenta” por contravenir los estatutos de la empresa.
Sesión “ilegal” y rechazo generalizado
En esa sesión irregular, los directores —en minoría— acordaron destituir al gerente general en funciones y designar en su lugar a Ricardo Leyva Vargas. Esta decisión generó una inmediata ola de rechazo entre los trabajadores, quienes incluso habían declarado previamente a Sánchez y Delgado como personas no gratas.
“El estatuto es claro: las sesiones de Directorio solo pueden ser convocadas por el presidente del Directorio y siguiendo un procedimiento con agenda definida. Lo que han hecho estos dos directores no existe en la normativa interna y constituye una usurpación de funciones”, sostuvo un abogado especialista consultado para este medio.
Fuentes cercanas al directorio aseguran que el acto será rechazado por las instancias registrales, pues carece de validez legal y podría derivar en denuncias penales contra ambos funcionarios por usurpación y abuso de autoridad.
Trabajadores en pie de lucha
El Sindicato Único de Trabajadores de Sedalib, que ya había declarado a ambos directores personas no gratas, se movilizó ayer mismo para impedirles el ingreso. La tensión escaló y se requirió la presencia policial para que Sánchez y Delgado pudieran ingresar a la fuerza y ejecutar la controvertida sesión.
“No vamos a permitir que se politice nuestra empresa ni que se pisotee la institucionalidad por intereses personales o partidarios. Los trabajadores estamos unidos y vamos a defender la legalidad”, afirmó un dirigente sindical.
La tarde del jueves, los ánimos seguían caldeados en la sede de Sedalib, mientras trabajadores y funcionarios legítimos se organizaban para recuperar las instalaciones y restablecer la legalidad.
Un conflicto con consecuencias
El episodio ha puesto en evidencia la crisis institucional que vive Sedalib, una empresa clave para el abastecimiento de agua en toda la región. También ha reavivado el debate sobre la influencia de los partidos políticos en las empresas públicas y la urgente necesidad de garantizar independencia y transparencia en su gestión.
Se espera que, en las próximas horas, los legítimos funcionarios, junto al sindicato y con el respaldo de las instancias correspondientes, recuperen el control de la empresa.
Las denuncias por usurpación de funciones y violación de los estatutos ya estarían en camino.
