Este martes, el Poder Judicial (PJ) comunicó una decisión crucial en el caso ‘Fondo Mi Vivienda’, ordenando la inmediata libertad de la empresaria trujillana Sada Goray, quien está siendo investigada por su presunta implicación en una red de corrupción vinculada al Ministerio de Vivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no solo ordenó la libertad de Goray, sino que también impuso medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses. Esta decisión afecta también a Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia Johanson, quienes están siendo investigados por colusión y otros delitos relacionados.
Sada Goray, gerente de Marka Group, está acusada de haber pagado una millonaria suma de dinero en sobornos a una presunta red de corrupción que operaba dentro del Ministerio de Vivienda. Estos pagos habrían tenido como finalidad asegurar que su empresa obtuviera contratos de obras públicas. Durante el tiempo que estuvo detenida, Goray fue recluida en el Penal Anexo de Mujeres en el distrito limeño de Chorrillos.
En una publicación reciente en redes sociales, el PJ señaló: «Se ordena medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 36 meses contra Sada Goray, Pedro Arroyo Marquina y Róger Gavidia, investigados por colusión y otros delitos». Esta medida fue justificada por el Tribunal al indicar que no había peligro de fuga por parte de los investigados.
Con esta nueva disposición, Sada Goray enfrentará en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Fondo Mi Vivienda’. Aunque ha sido liberada, las restricciones y el impedimento de salida del país aseguran que Goray permanezca disponible para las diligencias necesarias mientras avanza el proceso judicial.
