Por Olinda Valdez
Arquitecta y lideresa feminista
La ubicación de las viviendas en zonas vulnerables es un mal del que padecemos en diferentes partes del territorio peruano y que debería ser motivo de reflexión, tal como aconteció en Jicamarca, ubicado en la provincia de Huarochirí, y en Punta Hermosa, ambos asentamientos ilegales.
Sin embargo, la mayoría de medios de comunicación han presentado a este último lugar no como algo irregular. ¿Por qué no se les cuestiona a los ciudadanos de Punta Hermosa la falta de responsabilidad en la construcción de sus viviendas sobre la ribera del río Seco, tal como se les discute a los ciudadanos de Jicamarca?
Los reportajes televisivos exponen, una vez más, un claro sesgo de clase, acentúan a un país dividido donde los sectores privilegiados pueden legalizar lo ilegal por medio de compadrazgos y el registro histórico de INGEMET termina por desnudar como se benefician los llamados “pitucos”.
En definitiva, la actual coyuntura demuestra que las políticas de gobierno brindan mayor atención a los sectores predilectos de Lima que a otros como el envío de la inmaculada Policía a la ayuda y limpieza rápida del barro en Punta Hermosa.
Entre tanto, al otro lado del territorio peruano se veía en la televisión, la búsqueda de una joven de 26 años que había sido enterrada por el huayco en Canchaque, Piura, sin el apoyo necesario y la debida importancia, pues eran los vecinos buscaban entre los escombros con herramientas limitadas y domésticas.
Esta familia no solo perdía su casa, sino a una parte de su sangre, un padre que ya no tenía subsidio para comer ni para dar a los suyos. Entre lágrimas busca a su única hija, mientras ninguna autoridad se hacía presente para llevar ayuda o rescatar una vida humana.
Lo irónico de esta realidad que golpea a los más vulnerables es la petición de un ciudadano de Punta Hermosa, que a través de un video en su red social clama ayuda, siendo su necesidad primaria la donación de bloqueadores, sabiendo que muchas personas perdieron sus casas, no tienen agua, no pueden ir al trabajo o perdieron absolutamente todo. Por tanto, estas necesidades contrastantes visibilizan el país en el que vivimos.
Definitivamente, la palabra “necesidades básicas” tiene significados abismales en cada sector y en función a cada pertenencia arrebatada. El desastre natural que vivimos el norte del Perú junto a los fenómenos climáticos se traduce en: no tener agua, estar inundados, perder vidas humanas, sobrevivir al borde de la preocupación y la falta del pan de cada día. La esperanza es la solidaridad de los vecinos, amigos, y desconocidos, que traen apoyo de corazón en medio del desconsuelo. Pero son las autoridades políticas quienes deberían responder ante esto.
La desigualdad es un caldo de cultivo para el asentamiento informal, y siendo uno de los principales problemas de Latinoamérica, y la pobreza, que se encuentran intrínsicamente relacionados. Estos sectores a faldas de los cerros o riberas son zonas de riesgo, expuestas a inundaciones y deslizamientos, con un limitado acceso a servicios básicos e infraestructuras precarias.
Cuando hablamos de desigualdad se registra en el mundo que ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, 3.600 millones de personas. Por lo que es motivo de revertir el sistema. Es decir, los políticos son actores de los planes urbanos de las ciudades, por lo que la prevención y los planes de contingencia ante los desastres naturales es su principal responsabilidad.
No cabe duda, que un sistema desigual lleva a la población a un estado permanente de sobrevivencia, cuya demanda de vivienda social no es cubierta y termina por empujar a invadir cerros, o a comprar tierras a traficantes de terrenos, y es más cara para el estado poder brindar servicios básicos en zonas precarias. Pero no se ha tenido una estrategia integral como país para solucionar ni la planificación y desarrollo urbano, ni el asentamiento desordenado de la población constantemente creciente, ni se ha solucionado físicamente los problemas de los encauses de las quebradas dormidas, que traen como consecuencia los huaicos.
El sistema en el que se desenvuelve el país, limita el respeto a la planificación urbanística, y no permite la intervención del estado en estos procesos de manera activa, porque no busca solucionar la vida de las personas que viven en un estado precario, si no que concentra su principal función en los ingresos económicos que puedan generar, y cada alcalde quiere realizar los proyectos que desea de manera improvisada. Por lo que se tiene que cambiar, las políticas estructurales de gobierno, desde la concepción económica, hasta las políticas de aplicación en planificación urbana. Se ha trasladado la informalidad en que vivimos, al plano territorial.
Las obras que se han realizado hasta ahora, terminan generando réditos políticos, aplausos, pero no solucionan el problema fundamental de las quebradas, repetimos el mismo libreto, una y otra vez, habrá otra institución denominada Reconstrucción con Cambios, a la que solo cambiarán el nombre, pero no solucionan el trasfondo de problema.
