El exgobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, junto a 67 exfuncionarios de su gestión, enfrentará una audiencia clave este 9 de enero en el Poder Judicial, tras ser acusado por la Fiscalía de la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y nombramiento o aceptación ilegal de cargo público en agravio del Estado. El caso será revisado por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El caso comenzó en 2019, cuando la Contraloría General de la República, a través del informe N° 014-2019 titulado «Designación de Funcionarios en Cargos de Confianza», advirtió irregularidades en las contrataciones realizadas por el Gobierno Regional de La Libertad. Según el documento, se identificaron a 67 funcionarios de confianza que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organizaciones y Funciones (MOF).
Entre las principales observaciones figuraban la falta de títulos profesionales, experiencia insuficiente y otras deficiencias que, según la Contraloría, contravenían los lineamientos establecidos para la designación de altos cargos públicos. Estos hallazgos llevaron al Ministerio Público a iniciar una investigación preparatoria formal en marzo de 2023, que finalmente derivó en la acusación fiscal presentada por el titular de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, Roberto Lecaro Alvarado.
Entre los principales implicados en el caso, además de Llempén Coronel, figuran Eduardo Azabache Alvarado (exgerente general), Cecilia Agreda Vereau (exgerente de Administración) y Juanita Vilca Bejarano (exgerente de Asesoría Jurídica). Según la tesis fiscal, estos altos funcionarios habrían utilizado su posición de poder para favorecer a personal de confianza, muchos de ellos vinculados al partido político Alianza para el Progreso (APP).
Algunos de los nombres más cuestionados incluyen: Alfredo Aguilar Cruz, exgerente de Contrataciones, quien no habría contado con título profesional; Pedro Armas Plasencia, procurador público, presuntamente sin experiencia suficiente para el cargo; Carlos Matos Izquierdo, exgerente de Chavimochic, señalado por no poseer título profesional; Frank Sánchez Romero, exgerente de Ambiente, quien, según la Contraloría, no cumplía con los requisitos para el cargo; Tania Baca Romero, asesora del gobernador regional en ese momento, quien habría sido designada sin estar habilitada profesionalmente.
En declaraciones a la prensa, Manuel Llempén Coronel aseguró que estará presente en la audiencia virtual junto a su abogado y se mostró confiado en que la denuncia será archivada. Según el exgobernador, durante su gestión se cumplió con los cambios solicitados por la Contraloría para garantizar que los funcionarios designados reunieran los requisitos exigidos.
«Tengo conocimiento de la audiencia de control y el 9 de enero estaré en la citación virtual con mi abogado. No conozco a la persona que presentó la denuncia, pero sé que está siguiendo su curso. Todos los funcionarios designados durante mi gestión cumplían los requisitos. Por eso, estoy seguro de que esta denuncia terminará en archivo», declaró Llempén.
