Por Olinda Valdez
El Perú es reconocido por su riqueza en recursos minerales e hídricos. En los últimos 30 años, este crecimiento económico significativo, ha sido atribuido a la extracción de recursos, uno de ellos es la minería. Sin embargo, esto ha traído una serie de conflictos sociales. Los casos más notables en el país, son: el Baguazo, Espinar, Conga, Tía María y Río Blanco. Lo anteriormente mencionado tiene relación con los escritos de Mariátegui, casi 100 años después sigue vigente.
“El problema del indio”, como lo denominó Mariátegui, no termina con el reparto de la tierra, sostiene que “la cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra”. Aunque se hizo el reparto de la tierra a través de la Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado, es un problema que aún persiste en la actualidad, por intereses económicos, desde que se desplaza una población por contratos mineros, por tala ilegal, por estrés hídrico. Solo ha cambiado de forma.
José Carlos Mariátegui, nos habla, que la explotación y la marginación del indígena peruano eran una consecuencia directa de las estructuras económicas coloniales que persistían en el país, en particular, el sistema de latifundios y la servidumbre a la que estaban sometidos.
Los desplazamientos de las comunidades, nativas, indígenas, por los contratos mineros, está vigente en la a visión de Mariátegui, ya que la explotación de recursos naturales por parte de grandes corporaciones sigue un patrón de acaparamiento y explotación similar al que él describía. La tierra, en este caso, sigue siendo el centro del conflicto, aunque ahora con el añadido de la extracción de minerales. Los pueblos en resistencia, si se oponen a estos proyectos, el estado envía a policías y militares a “solucionar” el conflicto social, como en el Baguazo, Espinar, Conga, Tía María y Río Blanco. En este último conflicto, la empresa minera llegó a secuestrar a campesinos para torturarlos, y no hubo acciones de sanción por parte del Estado, así lo describe Tatiana Béjar.
La minería también ha exacerbado el problema del acceso al agua, un recurso vital que se ve comprometido por la contaminación y la sobreexplotación de las fuentes hídricas, un claro ejemplo es Yanacocha que saca del subsuelo agua, y controla las compuertas de agua que van a Cajamarca. Las comunidades, la ciudad de los nadie, son los que sobreviven el día a día, y con suerte llegan a tener servicios básicos, dependen de estos recursos básicos como el agua para su subsistencia, y es notorio que son los más afectados. La lucha por el agua, entonces, se convierte en una extensión del «Problema del Indio», ya que la explotación económica de los recursos naturales sigue marginando a las poblaciones originarias. Hoy en día tenemos la contaminación de un río que alimenta el río Santa, sin una solución concreta, para Chimbote y la región La Libertad, cuya principal ciudad afectada es Trujillo. Quienes tienen dinero pueden ir y comprar agua embotellada, quienes no, están condenados a tomar agua contaminada. La ineficiencia del estado se hace evidente, desde que no toma medidas sustantivas que solucionen el problema de la contaminación, que no haya sanciones y control a las empresas privadas que extraen nuestros recursos, hay una usencia notoria de planes de acción para remediar las consecuencias. Al tomar la decisión de cerrar las compuertas de agua de los proyectos Chavimochic y Chinecas, el problema de la contaminación no desapareció por arte de magia, como se imaginaron los funcionarios, si no que ha terminado afectando los cultivos de los agricultores de la provincia de Virú (Región La Libertad), debido al excesivo caudal del río Santa. El Perú, es un país que las consecuencias siempre las pagan los que menos tienen, los pobres.
Otro aspecto a considerar es la tala ilegal, que destruye ecosistemas enteros y afecta directamente a las comunidades Amazónicas que viven en la zona. La deforestación no solo amenaza el equilibrio ambiental, sino que también expulsa a las poblaciones de sus territorios, privándolas de sus medios de vida tradicionales y de su relación espiritual con la tierra. La explotación desenfrenada de recursos naturales se realiza a expensas de los derechos y el bienestar de las comunidades nativas. No solo les quitan la tierra, si no que los desplazan, los matan, y los desaparecen a los lideres sociales. Es algo sistemático, que no solo consiste en buscar a quien mata, si no, que estas mafias se encuentran en la estructura económica del sistema.
En todos estos casos, se observa un patrón de explotación económica que margina a las comunidades indígenas, al mismo tiempo que se apropian de sus tierras y recursos.
La explotación económica, ya sea a través de la minería, el agua o la deforestación, continúa perpetuando un ciclo de marginación y pobreza que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones originarias.
Hay conflicto entre los intereses económicos y los derechos de las comunidades. Se sigue perpetuando la explotación, que sigue siendo el problema de la tierra, acaparada por unos pocos empresarios, y dejando pobre a la población.
