El impacto de la minería ilegal en el Perú es una preocupación constante, y Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), ha brindado información clave al respecto.
Según Grossheim, la minería ilegal representa una pérdida significativa de ingresos para el Estado, llegando a equivaler al 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI) anual, lo que se traduce en aproximadamente S/ 22,700 millones al año.
En sus declaraciones a Gestión, Grossheim destaca la necesidad de fortalecer la fiscalización y regulación de la minería pequeña o artesanal, la cual actualmente está bajo la supervisión de los gobiernos regionales. Sin embargo, señala que estas autoridades carecen de las capacidades y recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva.
Uno de los problemas identificados por Grossheim es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual, según ella, no debería ampliarse más ni permitir la incorporación de más personas sin el cumplimiento estricto de ciertas condiciones, como tener un instrumento de gestión ambiental y estar inscrito en un registro único. Esto se debe a que el Reinfo brinda cierta protección legal a quienes se inscriben, lo que podría ser aprovechado por personas involucradas en actividades ilegales.
En el contexto de la minería ilegal, Grossheim resalta la necesidad de implementar medidas de seguridad especial en zonas donde la violencia relacionada con esta actividad es más intensa. Asimismo, sugiere la creación de direcciones especializadas en el Ministerio del Interior para liderar labores de inteligencia e investigación en este ámbito.
El informe de la SNMPE menciona la existencia de seis zonas afectadas por economías ilícitas derivadas de la minería ilegal, destacando la presencia de clanes familiares mafiosos, corrupción de autoridades, control territorial por cárteles mafiosos, entre otros problemas.
En conclusión, la lucha contra la minería ilegal en el Perú requiere de un enfoque integral que involucre no solo a las autoridades gubernamentales sino también a la sociedad civil y al sector privado, con el objetivo de combatir las actividades ilícitas y proteger los derechos humanos y el medio ambiente.