La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo ha desplegado acciones en respuesta al colapso del techo del centro comercial Real Plaza, ocurrido el pasado 21 de febrero. Bajo la dirección de la fiscal Leyden Alvarado Olaya y con el apoyo de la fiscal Teresa Cueva Alva, se constituyeron en el lugar para evaluar la emergencia y coordinar con el fiscal penal de turno.
Entre las medidas adoptadas, se contactó directamente con el gerente del centro comercial para garantizar la activación de los planes de emergencia y contingencia, la asistencia a los heridos con los seguros correspondientes y la evacuación segura de los afectados. También se recomendó a la Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo reforzar las verificaciones de seguridad en otras infraestructuras comerciales, como el Mall Plaza.
El 22 de febrero, la fiscalía realizó una inspección en el Mall Plaza Trujillo para evaluar el estado de las estructuras y recomendar medidas de mantenimiento y revisión de las cubiertas para evitar riesgos similares. Asimismo, en coordinación con otras autoridades, se decidió suspender un evento deportivo programado en el Estadio Mansiche para el 23 de febrero, debido a la falta de garantías para el orden público.
Las acciones preventivas continuarán en los próximos días, con inspecciones a otros centros comerciales y recintos de alta concurrencia. La Fiscalía reiteró la importancia de que los gobiernos locales cumplan con su labor de supervisión en seguridad de edificaciones y gestión de riesgos de desastres, enfatizando que estas recomendaciones han sido realizadas desde años anteriores.
La tragedia en el Real Plaza ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los controles de seguridad en espacios públicos y comerciales, así como la correcta aplicación de la normativa en la designación de funcionarios clave, como los procuradores municipales. La ciudadanía espera respuestas concretas y medidas efectivas para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la ley en la gestión pública.
