La lucha contra la inseguridad ciudadana vuelve a colocar bajo cuestionamiento a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Los regidores Juan Namoc, Melvin Valderrama y Luis González Rosell anunciaron que citarán al gerente general de la comuna, Carlos Sánchez Caipo, y al gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña Alemán, para que expliquen el estado de implementación del sistema tecnológico destinado al almacenamiento de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.
La decisión surge en medio de dudas sobre el cumplimiento de un convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Ministerio del Interior para fortalecer las acciones de prevención y combate de la delincuencia.
El origen de la controversia se remonta al 14 de noviembre de 2025, cuando el Concejo Provincial aprobó por unanimidad el Acuerdo de Concejo N.° 192-2025.
Mediante este acuerdo se autorizó la suscripción de un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Interior, cuyo objetivo era integrar infraestructura tecnológica, sistemas de información y servicios orientados a mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.
El convenio estableció compromisos concretos para ambas instituciones, especialmente en materia de videovigilancia y soporte tecnológico.
La obligación de almacenar imágenes por 60 días
Entre las responsabilidades asumidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo destacan dos aspectos considerados fundamentales para la investigación de delitos:
- Brindar soporte técnico permanente a la Policía Nacional del Perú en caso de fallas o problemas de conectividad de las cámaras de videovigilancia.
- Almacenar imágenes, videos y audios captados por los equipos durante un periodo mínimo de 60 días.
Este último punto resulta crucial para las investigaciones policiales, ya que muchas veces las imágenes captadas por las cámaras permiten identificar sospechosos, reconstruir rutas de escape y obtener pruebas para los procesos judiciales.
Las 200 cámaras que generan cuestionamientos
La situación tomó mayor relevancia luego de que el Gobierno Regional de La Libertad entregara aproximadamente 200 cámaras de videovigilancia a la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Sin embargo, diversos cuestionamientos apuntan a que la comuna aún no habría implementado completamente la tecnología necesaria para recepcionar, administrar y almacenar toda la información generada por dichos equipos.
Esta situación ha generado preocupación entre los concejales, quienes consideran indispensable conocer el verdadero estado de funcionamiento del sistema.
Regidores exigen respuestas
El regidor Melvin Valderrama indicó que existe información extraoficial respecto a que la municipalidad ya estaría gestionando la adquisición del software necesario para almacenar los registros audiovisuales.
No obstante, señaló que la explicación oficial deberá ser brindada ante el Concejo Municipal.
“Nosotros aprobamos ese convenio y queremos saber cómo está funcionando”, manifestó.
Por su parte, Juan Namoc sostuvo que el gerente de Seguridad Ciudadana debe explicar por qué, después de varios meses de firmado el convenio, aún existen dudas respecto a la implementación tecnológica.
Además, cuestionó una propuesta reciente que buscaba donar cámaras de videovigilancia a vecinos de la urbanización Monserrate para ser instaladas en domicilios particulares.
“La propuesta fue rechazada porque consideramos que no correspondía”, indicó.
También pedirán cuentas sobre el presupuesto de seguridad
Las interrogantes no solo giran en torno al sistema de videovigilancia.
El regidor Luis González Rosell adelantó que también solicitarán información detallada sobre la ejecución del presupuesto destinado a seguridad ciudadana.
Según señaló, existen movimientos administrativos y financieros que requieren una explicación técnica ante el Concejo.
La intención es conocer cómo se vienen utilizando los recursos públicos asignados para enfrentar la delincuencia y fortalecer las capacidades operativas de Serenazgo.
Las declaraciones del gerente regional de Defensa Nacional, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, incrementaron aún más la controversia.
Según indicó, la Municipalidad Provincial de Trujillo todavía no habría adquirido el software necesario para almacenar las imágenes generadas por las cámaras entregadas por el Gobierno Regional.
De confirmarse esta situación, la implementación integral del sistema aún estaría pendiente, pese a los compromisos asumidos en el convenio con el Ministerio del Interior.
Seguridad ciudadana bajo permanente evaluación
La citación de los funcionarios municipales ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos sobre las estrategias de seguridad implementadas en Trujillo.
La provincia continúa enfrentando problemas relacionados con extorsiones, sicariato, robos y atenta lucha contra la criminalidad.
Por ello, el funcionamiento efectivo de las cámaras de videovigilancia es considerado una herramienta clave para fortalecer las investigaciones policiales y mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos.
Las respuestas que ofrezcan los funcionarios municipales ante el Concejo podrían esclarecer si Trujillo cuenta actualmente con un sistema de videovigilancia plenamente operatLa lucha contra la inseguridad ciudadana vuelve a colocar bajo cuestionamiento a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Los regidores Juan Namoc, Melvin Valderrama y Luis González Rosell anunciaron que citarán al gerente general de la comuna, Carlos Sánchez Caipo, y al gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña Alemán, para que expliquen el estado de implementación del sistema tecnológico destinado al almacenamiento de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.
La decisión surge en medio de dudas sobre el cumplimiento de un convenio firmado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Ministerio del Interior para fortalecer las acciones de prevención y combate de la delincuencia.
El origen de la controversia se remonta al 14 de noviembre de 2025, cuando el Concejo Provincial aprobó por unanimidad el Acuerdo de Concejo N.° 192-2025.
Mediante este acuerdo se autorizó la suscripción de un Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Interior, cuyo objetivo era integrar infraestructura tecnológica, sistemas de información y servicios orientados a mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.
El convenio estableció compromisos concretos para ambas instituciones, especialmente en materia de videovigilancia y soporte tecnológico.
