Más de S/ 564 millones tiene como carga por pretensiones económicas de demandas de administrados y trabajadores la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), de un total de 7,544 procesos que tienen en la Procuraduría Pública del Estado, de lo que para este año se prevé atender S/ 184 millones por deudas de sentencias inimpugnables y más de S/ 10 millones aun en materia arbitral.
La procuradora Ana María Ríos Negreiros y su equipo de trabajo expusieron en sesión extraordinaria del Concejo Municipal el estado situacional de esta dependencia sobre procesos judiciales y embargos en perjuicio de la entidad edil.
Al conocer el informe, el alcalde Arturo Fernández ofreció todo su apoyo a la procuradora para que siga en esta lucha; en tanto que el regidor Luis Miguel Gonzales dijo no encontrar la palabra para calificar la situación en que se encontraba la municipalidad, pidiendo que se esclarezca todo, la reorganización del área de recursos humanos y reempadronamiento de todos los trabajadores bajo declaración jurada.
La procuradora indicó en su informe que en el cuadro de la carga procesal validado a noviembre del año pasado localizó una carga judicial procesal de 5490 casos con pretensiones económicas de demandas de administrados y trabajadores ediles por un total de S/ 366’238,041.04, pese a que la anterior gestión -a cargo de Martín Salcedo- no hizo entrega de cargo ni se encontró data cuando ella asumió en julio del año 2020,
Para ello debió recopilar información en el obsoleto sistema de trámite documentario de la MPT, Poder Judicial, Ministerio Público y centros de conciliación y arbitraje.
De la cifra antes indicada, 3,038 expedientes corresponden a procesos laborales que reflejan una demanda de S/ 189’98,775.91; 737 expedientes en civil por S/ 1’302,523.04; 737 en contencioso administrativo por S/ 755,170.88; 8 en arbitral por S/ 137’40,939.83; 37 en constitucional, 872 en penal y 50 informes de OCI.
A diciembre del 2,022 continuaron ubicando expedientes, contando 7,554 procesos, entre laborales, derecho civil, contencioso administrativo laboral, derecho penal, contencioso administrativo civil, derecho arbitral, derecho constitucional, conciliación, procesos no contenciosos ante Indecopi y administrativos ante Sunafil.
Señaló que hay trabajadores y funcionarios que habrían hecho abuso del derecho ocasionando perjuicios graves a la entidad al pagarse sin control sentencias judiciales o favoreciendo a ojos cerrados según criterio de funcionarios por la falta de personal en la Procuraduría, donde cada abogado tiene una carga de 700 a 800 procesos.
No se había implementado el aplicativo de sentencias judiciales y cronogramas de pagos priorizando estos de acuerdo a lo que la ley establece, detectándose doble, triple y hasta cuatro veces el pago por una inadecuada gestión del trámite de ejecución de sentencias judiciales. “Hay una persona que cobró cuatro veces por CTS y de dos mil trabajadores que hay se tiene cuatro mil procesos judiciales”, dijo.
Añadió que por el pago de beneficios por convenios colectivos se ha estado ocasionando un grave perjuicio a la MPT desde el año 2019 al incluir pagos no permitidos por ley y reconocerse derechos que no corresponden. Los pactos no tuvieron certificación presupuestal.
