El aire se ha enrarecido con la sospecha en la gestión de Wilmer Sánchez Ruiz al frente de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, donde aparentes irregularidades y pago de favores políticos surgen lentamente, como un volcán a punto de entrar en erupción.
El epicentro de esta tormenta es el proceso de licitación para la obra «Mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Cahuide del distrito de La Esperanza – Segunda Etapa: Construcción de pistas (carpeta asfáltica), veredas, sardineles y berma central». Una obra con un presupuesto de S/ 2’361,052.19 que, en lugar de mejorar las calles, amenaza con erosionar la confianza pública en la gestión del alcalde Wilmer Sánchez.
El detonante de este escándalo fue la denuncia presentada por el empresario Imer Villena Uceda, quien afirmó que el proceso de licitación fue manchado por supuestos actos de corrupción en la otorgación de la buena pro al Consorcio Cahuide. Pero esta historia va mucho más allá de una simple denuncia; se trata de una intrincada red de conexiones políticas y económicas que apunta directamente hacia el alcalde y su entorno.
El Consorcio Ejecutor Cahuide, la asociación constructora que ganó la licitación, está compuesta por dos empresas: ORFAM Contratistas Generales SAC y Corporación MOVA’S SAC. Esta última, una entidad con un pasado político intrigante, tiene como socio fundador a Glimer Marín Moreno Rojas. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Marín es militante del Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo, el mismo grupo político al que pertenece el alcalde Wilmer Sánchez y que es liderado por el exaprista Elías Rodríguez Zavaleta.
Pero la historia no termina aquí. La sombra de la política se alarga aún más, ya que Corporación MOVA’S SAC también cuenta con Ana Belén Vásquez Aguilar como socia, una figura ligada al Partido Aprista, una agrupación política a la que Sánchez estuvo afiliado durante muchos años.
La polémica se intensifica cuando se examinan las razones detrás de la descalificación de otros competidores en la licitación. Los Consorcios Buena Esperanza y César Vallejo fueron eliminados del proceso de manera inusual. En el caso del Consorcio César Vallejo, se les descalificó por ofrecer un monto menor al 100 % y reducir los gastos fijos y variables, argumentando que esto sería imposible el pago de salarios y los impuestos requeridos. El comité de licitaci´kn argumentó que no podría pagar a sus profesionales como también los impuestos de ley.
Por otro lado, el Consorcio Buena Esperanza fue eliminado por un motivo tan extravagante como la tinta de una novela: sellaron sobre el número de metrados y precios, lo que supuestamente dificultaría conocer el verdadero alcance de la obra.
En este proceso de licitación el Consorcio Buena Esperanza y el Consorcio César Vallejo fueron descalificados con argumentos insólitos por el Comité de Adjudicaciones de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, integrado por Marco Álvarez Guayan, María Castro Moreno y Roger Ganoza Florián, tal como se describe en la denuncia de presuntos actos de corrupción en el proceso presentada contra el burgomaestre.
MÁS INFO
Fiscalía
La gestión de Wilmer Sánchez, el alcalde en el centro de esta tormenta, ha optado por el silencio, sin pronunciarse sobre la denuncia que pesa sobre él desde el 25 de agosto. El empresario Imer Villena Uceda va a recurrir hasta las últimas instancias, esperando que las autoridades competentes, como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad, intervengan de manera inmediata.
