La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Según el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), esta actividad ilícita ya supera al narcotráfico en volumen económico y representa una amenaza directa para la seguridad, el medio ambiente y la institucionalidad del país.
Ante este escenario, el organismo presentó una serie de propuestas dirigidas a quienes disputan la Presidencia de la República, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, advirtiendo que los primeros 100 días de gestión serán determinantes para definir si el Estado recupera el control o permite que la minería ilegal continúe expandiéndose.
Minería ilegal mueve más de US$ 11.500 millones
El especialista del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, alertó que esta economía ilícita genera alrededor de 11.500 millones de dólares y se ha convertido en la actividad criminal más rentable del país.
A diferencia de otros delitos, la minería ilegal no solo genera ganancias millonarias para organizaciones criminales, sino que además provoca graves daños ambientales, contaminación de ríos y bosques, destrucción de ecosistemas y conflictos sociales.
«El próximo gobierno debe entender que la minería ilegal es hoy la principal actividad ilícita del país y requiere una respuesta inmediata y contundente», señaló.
El cierre definitivo del REINFO
Una de las principales propuestas del Observatorio es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo creado para facilitar el proceso de formalización de pequeños mineros.
Según el OMI, el registro terminó convirtiéndose en una herramienta utilizada por numerosos operadores para continuar extrayendo minerales sin cumplir plenamente con las exigencias ambientales y legales.
Los especialistas consideran que no debe existir una nueva ampliación del REINFO y que el próximo gobierno debe establecer un régimen transitorio que permita su cierre definitivo.
¿Por qué cuestionan el REINFO?
El Observatorio sostiene que la figura del REINFO ha servido como una especie de protección para actividades que continúan operando fuera de los estándares exigidos por la ley.
Además, recuerdan que el Tribunal Constitucional recomendó eliminar mecanismos que eximan de responsabilidad a quienes operan bajo este sistema cuando generan daños ambientales o incumplen obligaciones legales.
Piden eliminar el blindaje legal
Otra de las medidas propuestas consiste en aplicar plenamente la responsabilidad penal y civil a quienes realicen actividades mineras en zonas prohibidas o generen afectaciones ambientales.
Los especialistas consideran que actualmente existen vacíos normativos que dificultan una persecución efectiva de quienes participan en actividades ilegales vinculadas a la extracción de oro.
Sin presupuesto no hay lucha contra la minería ilegal
El OMI también cuestionó la falta de recursos destinados a combatir este fenómeno.
Según advirtieron, las fiscalías encargadas de perseguir estos delitos carecen de presupuesto suficiente para desarrollar operativos e investigaciones sostenidas en zonas controladas por mafias dedicadas a la extracción ilegal de minerales.
Por ello, exigen que el próximo gobierno garantice financiamiento específico para las acciones de interdicción y fiscalización.
Proponen eliminar el uso del mercurio
Dentro de las diez propuestas presentadas figura también la eliminación progresiva del mercurio, uno de los elementos más contaminantes utilizados en la minería ilegal.
La meta planteada es prohibir completamente su utilización hacia el año 2030.
Especialistas advierten que este metal continúa afectando gravemente a comunidades cercanas a zonas de explotación minera, contaminando ríos, suelos y fuentes de agua.
Vacíos en los planes de gobierno
El Observatorio también analizó las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú respecto a la minería ilegal.
Según el informe, ambas agrupaciones presentan importantes vacíos sobre cómo enfrentar este problema.
En el caso de Fuerza Popular, cuestionan la ausencia de medidas concretas para cerrar el REINFO y financiar una estrategia integral contra las mafias vinculadas al oro ilegal.
Respecto a Juntos por el Perú, señalan que se plantean propuestas como cooperativas mineras, propiedad social y revisión de concesiones, pero sin desarrollar mecanismos específicos para enfrentar el crecimiento de la minería ilegal.
Una decisión clave para el próximo gobierno
Para César Ipenza, la falta de propuestas claras genera preocupación sobre el verdadero compromiso político frente a una actividad que se expande en diversas regiones del país.
«Los vacíos pueden explicarse por desconocimiento de la gravedad del problema o por vínculos con sectores relacionados a esta actividad», advirtió.
El especialista considera que la próxima administración tendrá la responsabilidad de decidir si enfrenta de manera firme una economía ilegal que se ha consolidado en amplias zonas del territorio nacional o si mantiene un modelo que, según diversos expertos, favorece la expansión de organizaciones criminales vinculadas a la extracción ilegal de oro.
