Una historia de traición, delito y abuso de confianza terminó con una sentencia contundente. La fiscal provincial Diana Kelly Soto Caro, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, consiguió que el Poder Judicial imponga más de ocho años de prisión efectiva a la suboficial de la Policía Nacional del Perú Josselyn Kassandra Rodríguez Valentín, hallada culpable del delito de estafa agravada en agravio de su colega Keyla Maressa Guanilo Alonso y de tres entidades financieras: Banco de la Nación, Crediscotia Financiera y BBVA Continental.
La investigación fiscal reveló un modus operandi que se sostuvo durante varios meses y que tuvo como punto de partida la sustracción del DNI de la víctima. Keyla Guanilo, también policía y compañera de trabajo de Rodríguez en la comisaría de Turismo, denunció en su momento la desaparición de su documento de identidad, creyendo que se trataba de un extravío. Sin embargo, durante el proceso se acreditó que no fue una pérdida accidental, sino un robo cometido por la propia acusada.
Con el DNI en su poder, Rodríguez suplantó la identidad de su compañera ante distintas instituciones bancarias. Simuló ser la titular del documento y logró acceder a créditos, aperturas de cuentas y operaciones financieras que generaron obligaciones económicas que la víctima desconocía por completo. Estas transacciones fraudulentas beneficiaron directamente a la acusada, quien aprovechó su vínculo laboral y la confianza que existía entre ambas para ejecutar el engaño sin ser descubierta durante un tiempo.
En juicio quedó demostrado que Keyla Guanilo jamás realizó los trámites atribuidos a su nombre. La Fiscalía sustentó con pruebas documentales, pericias y testimonios cómo la acusada utilizó de manera reiterada la identidad ajena para obtener desembolsos de dinero y realizar compras, afectando no solo a su compañera, sino también a las instituciones financieras perjudicadas.
El Poder Judicial condenó a Josselyn Rodríguez a ocho años, cinco meses y diez días de prisión efectiva, ordenando su encarcelamiento provisional inmediato. También se le impuso doscientos sesenta y siete días multa y el pago de reparaciones civiles que superan los cuarenta y cuatro mil soles, distribuidos entre la agraviada y las entidades afectadas.
El caso ha generado preocupación dentro de la Policía Nacional, pues expone un grave quiebre ético y una utilización criminal de los vínculos laborales dentro de una dependencia policial. La sentencia marca un precedente sobre las implicancias penales de la suplantación de identidad, delito que sigue en aumento en el país y que, en este caso particular, fue agravado por el uso doloso de una posición de confianza.
La Fiscalía destacó que la sanción refleja la necesidad de proteger a las víctimas de fraudes financieros y de reforzar los controles en las entidades para prevenir estos ilícitos. También remarcó la importancia de que la ciudadanía denuncie cualquier movimiento irregular en sus documentos o cuentas bancarias, incluso cuando sospeche que se trata de un extravío.
