La justicia dictó 15 años de pena privativa de libertad contra Milagros Katherine Juárez Bermúdez, hallada responsable del delito de parricidio en agravio de su conviviente, José Antonio Pizán Peña. El crimen ocurrió el 2 de febrero de 2025 en el sector El Bosque, anexo de Llacuabamba, provincia de Pataz, en la región La Libertad.
El fallo fue emitido por el Primer Juzgado Colegiado tras la acusación sustentada por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, liderada por el fiscal Enrique Valverde Cabrera. Durante el juicio oral se presentaron pruebas científicas, periciales y testimoniales que, según el tribunal, acreditaron la responsabilidad directa de la acusada en el homicidio.
Pruebas científicas determinantes en el caso
El protocolo de necropsia estableció que la víctima falleció a consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida en la arteria femoral. Este hallazgo fue clave para reconstruir la mecánica del ataque y descartar otras hipótesis planteadas durante la investigación.
El peritaje biológico confirmó la presencia de sangre humana en el cuchillo de cocina utilizado en la agresión. Asimismo, la inspección criminalística incorporó el uso de tecnología Bluestar Forensic, herramienta que permitió detectar restos de sangre latente en la escena del crimen, pese a que se habría intentado limpiar el lugar para encubrir lo ocurrido.
Los especialistas concluyeron que Juárez Bermúdez era la única persona presente en el inmueble al momento del ataque, elemento que fortaleció la tesis fiscal y fue considerado determinante por el colegiado.
Intento de encubrimiento y simulación
De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, tras una discusión familiar la acusada atacó a su conviviente con un cuchillo y luego retrasó la atención médica. Durante el proceso judicial se acreditó además que intentó simular un suicidio para evadir su responsabilidad penal, versión que fue desvirtuada con base en los informes forenses y periciales.
El tribunal concluyó que existieron actos orientados a alterar la escena del crimen, lo que reforzó la hipótesis de responsabilidad directa.
Reparación civil y mensaje judicial
Además de la condena de 15 años de prisión efectiva, el juzgado ordenó el pago de 100 mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del fallecido.
Con esta sentencia, el sistema de justicia resolvió uno de los casos de violencia más graves registrados en la provincia de Pataz durante 2025, en un contexto donde la violencia familiar y los delitos contra la vida siguen siendo una preocupación constante en diversas zonas de la sierra liberteña.
Este fallo también pone en evidencia la relevancia de la criminalística moderna y el uso de herramientas tecnológicas en la investigación penal, especialmente en jurisdicciones alejadas donde la respuesta judicial suele enfrentar limitaciones logísticas.
