A medida que transcurren los días y no llega una respuesta clara desde el Ejecutivo, la tensión en la provincia de Pataz se incrementa. El riesgo de una convulsión social es inminente, y la Defensoría del Pueblo en La Libertad ha lanzado una advertencia seria: es urgente que el Gobierno convoque una nueva mesa de diálogo que incluya a todos los actores sociales y autoridades.
María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Defensoría en la región, fue enfática al señalar que hay evidencias claras de una posible escalada de violencia. “Existe una honda preocupación por lo que sucede en Pataz, debido a que la población siente que no es escuchada”, afirmó.
El conflicto gira en torno al Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM, que entró en vigencia el 8 de mayo como parte del estado de emergencia en la provincia. La norma impone toque de queda desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. y suspende toda actividad minera por 30 días. Mientras que los ciudadanos reconocen la necesidad de combatir la minería ilegal y el crimen organizado, muchos exigen una modificación de la norma para permitir que los mineros artesanales puedan seguir trabajando legalmente.
El pasado jueves 29 de mayo, una comitiva del Ejecutivo —integrada por cuatro ministros de Estado y técnicos de la PCM— llegó a Pataz con la intención de instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, la reunión fue percibida como un desacierto logístico y político.
Los funcionarios arribaron dos horas tarde y, según múltiples testimonios, no permitieron la participación de varias autoridades locales, dirigentes de las rondas campesinas y representantes de los mineros artesanales. Ante la exclusión, el alcalde provincial, Aldo Carlos Mariños, señaló que “desconocía” esa mesa y pidió una nueva convocatoria que garantice la escucha efectiva de todos los sectores.
En consecuencia, los líderes comunales, ronderos y autoridades firmaron un acta otorgando un plazo de 72 horas al Gobierno para reorganizar la mesa. Ese plazo venció hoy, y no se ha anunciado ninguna fecha para un nuevo diálogo.
Desde la Defensoría del Pueblo, Olórtegui pidió al Ejecutivo que actúe con celeridad y reconvoque la mesa en condiciones de apertura y legitimidad. “No basta con llegar a Pataz; hay que escuchar con respeto, con inclusión, con transparencia”, señaló. “Hasta el momento, no hemos recibido ninguna comunicación oficial sobre una nueva convocatoria, y eso nos preocupa profundamente”.
EL TIEMPO SE AGOTA
La paciencia en Pataz se agota. Las rondas campesinas han anunciado la posibilidad de acatar un paro regional a partir del 9 de junio, si el Gobierno no cumple con instalar una mesa real de diálogo y revisar el decreto que paralizó su economía.
El Gobierno está ante una disyuntiva: persistir en una estrategia de imposición vertical o abrir paso al consenso democrático. De ello dependerá que esta crisis se resuelva por la vía del diálogo, o que termine agravándose en las calles.
