La decisión del Ejecutivo de levantar las restricciones a la actividad minera en Pataz es calificada como un “movimiento inteligente” por parte del consejero regional Luis Rodríguez Ponce. Para el representante de esta provincia andina, la medida permitió frenar una inminente convulsión social en una de las zonas más tensas del país, donde las rondas campesinas, las autoridades locales y cientos de mineros estaban dispuestos a radicalizar sus acciones ante la prohibición de seguir trabajando.
“Se estaba privando del derecho al trabajo a miles de patacinos. Esta decisión del Gobierno es acertada, porque evita una mayor crisis. Pero no puede quedarse solo en eso. Ahora urge instalar la mesa de diálogo y abordar los demás problemas que enfrentamos: vías en mal estado, centros de salud sin recursos, y una minería informal aún no resuelta”, señaló Rodríguez.
La reanudación de las actividades mineras en Pataz —una provincia marcada por conflictos recientes y la masacre de 13 trabajadores en un socavón— será oficial desde el 8 de junio de 2025, según un Decreto Supremo que prorroga por 60 días el estado de emergencia, pero flexibiliza las medidas: el toque de queda se reduce y regirá ahora de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. Antes, la inmovilización obligatoria comenzaba a las 6:00 p.m., lo que afectaba seriamente a los agricultores que trabajan desde la madrugada.
El alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas, también respaldó esta nueva disposición. “La paz social ha sido restablecida. El comando unificado ha logrado recuperar el orden interno gracias al compromiso conjunto de la población, las empresas mineras y los pequeños productores”, declaró. Además, subrayó que esta reactivación solo beneficia a los que cuenten con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), excluyendo a quienes aún operan en la informalidad.
Sin embargo, la problemática minera en Pataz no se resuelve con un decreto. En la zona, aún existen miles de trabajadores que viven de la minería artesanal y que no han podido regularizar su situación por trabas burocráticas, falta de asesoría técnica o ausencia de voluntad política.
Luis Rodríguez ha exhortado al gobernador regional, César Acuña, a que asuma un papel activo en esta crisis y convoque con carácter de urgencia a la mesa de diálogo. “La población de Pataz espera ver a sus autoridades comprometidas. Es el momento de actuar y no solo reaccionar”, insistió el consejero.
En paralelo, las tensiones en la provincia continúan latentes. Aunque la violencia ha disminuido y la actividad económica da señales de reactivación, la desconfianza ciudadana en el aparato estatal sigue siendo alta. Los pobladores exigen obras concretas: carreteras asfaltadas, hospitales funcionales, acceso al agua, educación digna y formalización minera real.
