La Central de Rondas Campesinas de Pataz anunció una tregua al Gobierno central hasta el próximo 1 de julio. La decisión, comunicada por su presidente, Santos Quispe Alvarado, responde a una promesa directa: la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, se comprometió a viajar personalmente a la provincia y entregar el expediente técnico del ansiado asfaltado de la carretera nacional que une Mamahuaje, Tayabamba, Chagual y el Puente Pallar.
La carretera es más que un tramo de asfalto. Se trata de una vía vital para conectar a las comunidades altoandinas con las capitales provinciales y regionales, de un corredor logístico para la economía local y, sobre todo, de una promesa postergada por décadas. “Es una deuda histórica. Sin esta vía, seguimos condenados al aislamiento y al atraso”, remarcó Quispe Alvarado en una asamblea pública realizada en Tayabamba, capital de la provincia.
Los ronderos y autoridades de Pataz habían planeado iniciar una “marcha de sacrificio” hacia Lima el pasado 12 de mayo, como medida de presión. Sin embargo, esa iniciativa fue suspendida tras el anuncio del Ejecutivo de instalar una mesa de diálogo, además del compromiso de la presidenta de trasladarse personalmente a Pataz. Ahora, las bases esperan que esa visita no quede solo en palabras. “No queremos delegados ni enviados. Queremos ver a la presidenta, que venga con el expediente en mano y que se comprometa con el presupuesto para este mismo año. Si pasa a agosto, ya lo estarían dejando para el próximo gobierno”, advirtió Quispe.
La preocupación no se limita a la infraestructura vial. Otro punto álgido es la situación de la minería. Miles de trabajadores informales aún no logran su inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que los deja fuera del reciente reinicio de actividades aprobado por el Ejecutivo. “Hay familias enteras que viven de la minería artesanal, y sin formalización, están condenadas a la persecución o a la pobreza”, añadió el dirigente.
La mesa de diálogo en Pataz aún no tiene fecha concreta, pero el tiempo corre. La tensión sigue latente, y aunque se ha concedido una tregua, los ronderos ya dejaron claro que no habrá más prórrogas. “Es ahora o nunca”, repiten entre los cerros.
A poco menos de un mes para el 1 de julio, el Gobierno central se enfrenta a una disyuntiva: cumplir su promesa y fortalecer la gobernabilidad en una de las zonas más olvidadas del país, o arriesgarse a reactivar un conflicto social que podría escalar, con consecuencias políticas y humanas impredecibles.
