Estado de emergencia, sí. Pero no para proteger a la ciudadanía, sino para enriquecer a unos cuantos. Esa es la denuncia que estremece desde las alturas de la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, donde se ha instaurado un sistema de cobros ilegales —con apariencia de control ciudadano— que está ahorcando al comercio y la libre circulación.
Una empresaria, cansada del silencio impuesto por el miedo, rompió el pacto tácito del terror y publicó un video donde detalla cómo ronderos, malos policías y autoridades locales habrían instaurado un mecanismo de cobros bajo amenaza, en plena vigencia del estado de emergencia.
“Nos cobran 100 soles por cada trabajador que entra a la zona a laborar si no hace ronda, y hasta 5000 por camioneta con víveres. Si no pagas, no pasas. Así de simple”, denunció.
Una extorsión con estructura organizada
La modalidad es nueva, pero la lógica es la de siempre: someter, cobrar y callar. En reuniones —al parecer conocidas por las autoridades locales— se habría aprobado que ningún ciudadano ajeno a las rondas comunitarias puede trabajar sin “colaborar” económicamente. Las tarifas no están escritas en ordenanzas, pero se aplican como si lo fueran: S/ 100 por trabajador que entra a la ciudad sin hacer ronda, S/ 5000 por camioneta con víveres y herramientas.
El argumento que se esgrime es la “seguridad territorial”. Pero lo que impera es una dinámica mafiosa, según testigos. La figura de un tal “Jhony”, rondero que actuaría como jefe de cobros, aparece en cada intervención, siempre con una libreta y un teléfono en la mano.
Y lo más preocupante: detrás de él, según la denuncia, hay agentes de las fuerzas del orden que hacen la vista gorda o directamente avalan el sistema con su presencia armada.
Emergencia sin Estado
El estado de emergencia decretado por el Gobierno en Pataz tenía como fin restablecer el orden y combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Pero hoy, en algunas zonas, pareciera haber mutado en una dictadura de facto impuesta por un nuevo tipo de extorsionadores: los de chaleco, libreta y cargo comunal.
Según testimonios recogidos por Causa Justa, los bloqueos de ingreso, las amenazas a choferes, y los controles sin base legal son pan de cada día. Se impide el paso a empresas, se interrumpe el abastecimiento de alimentos y se amedrenta a quienes se niegan a pagar.
“Esto no es un acto aislado. Es un sistema. Si no se detiene hoy, mañana será política pública paralela”, advierte un líder comunal que prefirió no dar su nombre por seguridad.
Silencio institucional
Lo más indignante, sostienen los denunciantes, es la complicidad institucional. La Fiscalía brilla por su ausencia, la Policía no actúa, y las autoridades locales solo atinan a mirar al costado.
Mientras tanto, la informalidad se convierte en ley y la ley se convierte en riesgo. El control que debía garantizar el Estado ha sido reemplazado por un esquema de cobro violento que está estrangulando a Pataz.
