El Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su profunda preocupación por la violencia reciente en Bolivia. Esta situación ha dejado un saldo trágico de cuatro policías y un civil fallecidos tras una emboscada en Llallagua, Potosí, el 10 de junio. En consecuencia, el Perú lamenta estas pérdidas humanas y condena las acciones que amenazan la gobernabilidad y la institucionalidad democrática en el país vecino.
A través de un comunicado oficial, la Cancillería peruana instó a la clase política y a la ciudadanía boliviana a buscar soluciones mediante el diálogo y métodos pacíficos. Asimismo, enfatizó la importancia de respetar los mecanismos institucionales existentes en Bolivia, dado que son fundamentales para el mantenimiento del orden y la paz social.
Por otro lado, en Bolivia, el gobierno de Luis Arce ha acusado a los partidarios de Evo Morales de realizar bloqueos y manifestaciones en respuesta a un fallo del Tribunal Constitucional que impide su postulación en las próximas elecciones. Mientras tanto, las fuerzas del orden trabajan para desbloquear carreteras en las regiones de Potosí y Cochabamba.
En este contexto, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Gladys Choque, defendió las manifestaciones y responsabilizó al gobierno de los conflictos actuales. Además, afirmó que las protestas continuarán en apoyo a Evo Morales, reflejando el descontento de sus seguidores.
Por su parte, el presidente Arce rechazó la violencia y atribuyó la responsabilidad de los actos violentos al líder cocalero. Durante una reunión con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que el derecho a protestar no debe implicar la violación de derechos fundamentales. Así, el Perú se manifiesta en contra de la crisis social en Bolivia, subrayando la necesidad de un enfoque pacífico para resolver los conflictos.
