La ofensiva contra el crimen organizado en la sierra liberteña sumó un nuevo golpe. La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con las Fuerzas Armadas, capturó este fin de semana a Elmer Espinoza Alva, sindicado como uno de los presuntos implicados en el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en una bocamina de la provincia de Pataz, ocurrido semanas atrás en un hecho que conmocionó al país.
La intervención se realizó dentro de un bar informal ubicado en el kilómetro 2.3 de la carretera Ayalen, en el centro poblado Pueblo Nuevo, distrito de Pataz. Según fuentes del Ministerio del Interior, la detención fue posible tras un operativo de inteligencia ejecutado por fuerzas combinadas, como parte del estado de emergencia vigente en la zona.
Junto a Espinoza Alva también fue detenido Stalin Rojas Aguilar, y durante la operación se incautaron armas de fuego, municiones y otros elementos que están siendo analizados por peritos criminalísticos.
Con esta detención, Espinoza Alva se convierte en el segundo capturado por este caso, después de que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, considerado el presunto autor intelectual del múltiple homicidio, fuera arrestado en Colombia y actualmente afronte un proceso de extradición hacia el Perú.
Rodríguez Díaz fue sindicado por la Fiscalía como cabecilla de una organización criminal vinculada al control ilegal de zonas mineras en Pataz. Su detención se concretó tras meses de seguimiento, y su testimonio será clave para desentrañar los móviles y la red detrás de la masacre.
El asesinato de los 13 vigilantes ocurrió dentro de un socavón minero, en condiciones aún bajo investigación. Los trabajadores prestaban servicios de seguridad para una concesión minera informal, cuando fueron atacados a sangre fría, en lo que se presume fue una ejecución por encargo en el marco de disputas por el control del oro.
Los cuerpos fueron hallados en condiciones estremecedoras, lo que provocó una oleada de indignación y luto en la región. Desde entonces, la provincia de Pataz fue declarada en estado de emergencia, y el Gobierno intensificó los operativos para recuperar el control territorial.
Según reportes de inteligencia, la zona de Pataz ha sido tomada por organizaciones criminales que operan bajo la fachada de asociaciones mineras informales. Estas organizaciones, con fuerte capacidad de fuego, están detrás de extorsiones, sicariato y tráfico ilegal de minerales.
