El Poder Judicial confirmó la condena de 17 años de prisión efectiva impuesta a tres expolicías hallados responsables de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en agravio de Azul Rojas Marín, mujer trans que fue víctima de graves vulneraciones a sus derechos humanos en la región La Libertad.
La decisión fue adoptada luego de la sustentación realizada por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, dirigida por la fiscal superior Rosario Quico Palomino, ratificando así la sentencia de primera instancia emitida el 15 de diciembre del año pasado.
Con esta resolución quedaron acreditados los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, cuando Azul Rojas Marín fue intervenida por efectivos policiales mientras se dirigía a su vivienda.
Según estableció el Poder Judicial, la intervención fue arbitraria y estuvo acompañada de agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual dentro de la comisaría de Casa Grande. La sentencia también concluye que los actos fueron motivados por la orientación sexual de la víctima.
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, presentó los medios probatorios que permitieron acreditar que la agraviada fue sometida a torturas y agresiones sexuales como forma de castigo tras negarse a brindar información a los agentes policiales.
El proceso judicial se desarrolló en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano, la cual ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Azul Rojas Marín.
Con la confirmación de la condena, el Poder Judicial reafirma la responsabilidad penal de los tres expolicías por los delitos cometidos y ratifica la obligación del Estado de garantizar justicia en casos de violencia y discriminación.
