El Colegio de Economistas de La Libertad atraviesa una nueva controversia tras el anuncio del decano Francisco Huerta Benites, quien reveló que un grupo de colegas lo ha propuesto para un nuevo periodo como máxima autoridad del gremio, correspondiente al bienio 2025-2026.
Sin embargo, desde el Tribunal de Honor de la institución se advierte que cualquier acto en el que Huerta participe sería declarado nulo, debido a una sanción vigente que le impide ejercer funciones.
Francisco Huerta fue suspendido por 12 meses del ejercicio profesional por el propio Tribunal de Honor, acusado de haber incurrido en presunto conflicto de intereses al establecer relaciones extrainstitucionales con una empresa del sector hidrocarburos. A pesar de ello, el decano calificó la medida como injusta y sostuvo que no se habrían respetado los estatutos ni el debido proceso. “La sanción fue impuesta en una sola instancia, lo cual es irregular”, declaró.
En respuesta, se conoció que una asamblea general extraordinaria habría sancionado a los tres miembros del Tribunal de Honor con seis meses de inhabilitación, por no acatar citaciones y actuar, según algunos directivos, al margen de las normas internas.
A pesar de la disputa interna, Huerta agradeció públicamente el respaldo recibido por un sector del colegio. “Durante nuestra gestión promovimos el diálogo, realizamos publicaciones, seminarios, capacitaciones para los colegas y la comunidad regional. Además, se invirtieron en promedio S/ 90 mil anuales en mejoras del local institucional, cifra sin precedentes en los últimos 15 años”, afirmó.
No obstante, el presidente del Tribunal de Honor, Carlos Pastor Casas, reiteró ayer que Francisco Huerta no tiene facultades para ejercer y advirtió que todos sus actos desde el 14 de enero de 2025 carecen de legalidad. “Está usurpando funciones y ha generado un clima de división entre los directivos”, declaró.
La situación pone nuevamente en evidencia la fractura institucional al interior del gremio profesional, donde dos bandos se disputan no solo la legitimidad de las decisiones, sino el rumbo ético del Colegio de Economistas.
