Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca modificar las leyes de la carrera fiscal y judicial, permitiendo la destitución de jueces y fiscales que liberen a presuntos criminales capturados.
La iniciativa, impulsada por la congresista Katy Ugarte de Perú Libre, ha sido denominada “Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales”. Esta propuesta responde a un pedido del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien en marzo de este año expresó la necesidad de sancionar severamente a los administradores de justicia que cometan errores en la liberación de delincuentes.
El contexto de esta propuesta está marcado por una creciente inseguridad ciudadana en el Perú. La preocupación de los ciudadanos se refleja en encuestas como la de Datum, que en marzo indicó que el 85 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial ni en la fiscalía, calificando a ambas instituciones de corruptas. Este clima de desconfianza ha llevado a Arévalo a sugerir medidas drásticas, como la declaración de organizaciones criminales como terroristas y el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia.
La “Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales” propone la inclusión de una nueva ‘falta muy grave’ tanto para jueces como fiscales. Bajo esta nueva normativa, los errores que resulten en la liberación de presuntos criminales podrían ser sancionados con la destitución. Actualmente, las faltas muy graves pueden llevar a sanciones que varían entre cuatro y seis meses de suspensión, o incluso la destitución.
Las instancias encargadas de aplicar estas sanciones serían la Junta Nacional de Justicia, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o la Autoridad Nacional del Ministerio Público. Con la aprobación de esta ley, se buscaría una mayor eficiencia en las investigaciones y sanciones, logrando una justicia más efectiva y reduciendo los índices de criminalidad.
En su declaración, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó la responsabilidad de jueces y fiscales en sus decisiones: “Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”.
Arévalo también sugirió que, debido a los altos niveles de inseguridad, se debería considerar a las organizaciones criminales como terroristas y pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad en las calles.
El congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, también ha presentado proyectos de ley con el objetivo de sancionar severamente a jueces y fiscales que, por error inexcusable, concedan libertad a personas vinculadas con delitos graves. Soto Palacios subrayó la crisis de seguridad que enfrenta Lima, comparándola con ciudades peligrosas como Caracas y Tijuana, y destacó la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial.
