La congresista no agrupada Katy Ugarte ha dado un paso audaz hacia la reforma del sistema penitenciario con la presentación del proyecto de ley 05604/2022-CR. Esta iniciativa busca que las personas privadas de su libertad asuman la responsabilidad de sus gastos de reclusión y, además, contribuyan con el pago de la reparación civil a la víctima.
El documento legislativo destaca la excepcionalidad de esta medida, considerando que nadie está obligado a trabajar sin retribución o sin su libre consentimiento, a excepción de aquellos que han sido sentenciados por delitos y se encuentran privados de su libertad.
La propuesta plantea que estos individuos deben trabajar, respetando siempre sus condiciones de salud, pero con el objetivo de remunerarse y hacerse cargo de los costos asociados a su reclusión y, en caso de haber una víctima, reparar el daño ocasionado.
En Perú, el sistema penitenciario enfrenta desafíos significativos debido a la alta cifra de reclusos, estimada en más de 90,000 personas en todo el país, según datos recopilados en la exposición de motivos del proyecto. Aproximadamente, se estima que se gastan alrededor de S/ 9,924 anuales por cada interno para su manutención. Esta realidad ha generado presiones económicas considerables en el presupuesto destinado al sistema carcelario.
La propuesta legislativa de Katy Ugarte busca cambiar esta dinámica, con el propósito de liberar recursos que actualmente se utilizan para mantener a los reos y reenfocarlos en áreas prioritarias para el país. De aprobarse la ley, el dinero ahorrado podría ser destinado a fortalecer sectores fundamentales como educación, salud, agricultura, deporte y seguridad ciudadana, entre otros.
