El Congreso de la República aprobó en la Comisión de Defensa Nacional el Proyecto de Ley N.° 9392/2024-CR, que busca incluir a personas con discapacidad, como aquellas con autismo, síndrome de Down o discapacidad intelectual, en el sistema de Alerta Amber. Esta medida propone mejorar la respuesta en casos de desaparición de personas con mayores niveles de vulnerabilidad.
¿Qué es la Alerta Amber?
La Alerta Amber es un sistema de notificación creado para localizar y recuperar a menores de edad desaparecidos en situaciones de alto riesgo, como secuestros o abuso. Su nombre proviene de Amber Hagerman, una niña secuestrada y asesinada en Estados Unidos en 1996, hecho que impulsó su implementación en varios países.
En Perú, la Alerta Amber opera bajo criterios específicos:
- Cobertura limitada: Actualmente, se aplica exclusivamente a menores de 18 años.
- Validación policial: Requiere la confirmación de la desaparición por parte de la Policía Nacional del Perú.
- Riesgo inminente: Se activa solo en casos donde el menor está en peligro grave.
- Información detallada: Se necesita información precisa sobre el desaparecido y las circunstancias del caso.
Una vez activada, la alerta se difunde por televisión, radio, redes sociales, mensajes de texto y paneles electrónicos en espacios públicos, buscando la colaboración ciudadana para la ubicación rápida de la persona desaparecida.
Puedes consultar la lista actualizada de menores desaparecidos en el portal web siguiente: Desaparecidos o en la web www.peruanosdesaparecidos.org.
Inclusión y crítica a las limitaciones actuales
La propuesta aprobada en comisión reconoce que el sistema actual excluye a personas adultas con discapacidad, quienes enfrentan riesgos similares a los menores en contextos de desaparición. Por ejemplo, situaciones recientes como la desaparición de Gabriel Alexander Asencio Urbina, un joven con autismo hallado sin vida, evidencian las limitaciones del alcance actual de la Alerta Amber.
El proyecto también plantea involucrar a instituciones locales como OMAPED, PRITE, Centros de Salud Mental Comunitarios y comisarías, para asegurar la difusión del sistema en redes clave que trabajan con personas con discapacidad.
