La tragedia en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, ocurrida la noche del viernes 21 de febrero, ha puesto en tela de juicio la eficacia de las fiscalizaciones municipales y el control sobre las infraestructuras comerciales en la ciudad.
En declaraciones a Sol TV, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, reconoció que la gestión municipal tiene un margen de acción limitado en la verificación estructural de edificaciones privadas, debido a cambios en la normativa que han flexibilizado las inspecciones.
Según explicó la autoridad edil, actualmente las municipalidades solo pueden realizar inspecciones de carácter ocular, es decir, revisar aspectos visibles de una infraestructura sin la capacidad de evaluar en profundidad su estado estructural. Esto implica que los problemas en techos, columnas o bases de una construcción quedan fuera del alcance de los inspectores municipales, dejando un vacío en la fiscalización que podría haber evitado una tragedia como la ocurrida en el centro comercial.
Reyna reveló que, en la última inspección realizada en 2024 en el Real Plaza, no se detectaron irregularidades ni riesgos evidentes en la estructura del techo del establecimiento. No obstante, las recientes declaraciones de testigos que aseguraron haber escuchado ruidos extraños antes del colapso han generado dudas sobre la efectividad de dichas revisiones y la responsabilidad de los administradores del local.
Ante la magnitud del desastre y la presión social por esclarecer responsabilidades, el alcalde anunció que desde este lunes 24 de febrero se iniciará un procedimiento administrativo para determinar si el municipio retirará la licencia de funcionamiento del centro comercial. Esta medida busca evaluar si el establecimiento cumplía con los protocolos de seguridad y si existieron negligencias en el mantenimiento de su infraestructura.
Asimismo, Reyna aseguró que la Municipalidad de Trujillo está colaborando activamente con las investigaciones que ha dispuesto la Fiscalía. Los peritos encargados del caso buscan determinar si hubo fallas en la construcción, falta de mantenimiento o incumplimiento de normativas de seguridad que hayan contribuido al colapso del techo.
La tragedia ha dejado un saldo de seis personas fallecidas y más de 80 heridos, además de un sentimiento de indignación en la ciudadanía que exige respuestas y sanciones contra los responsables. La falta de una supervisión estructural efectiva en establecimientos de gran concurrencia ha abierto un debate sobre la necesidad de reformar la normativa vigente y fortalecer los mecanismos de control que eviten que incidentes similares se repitan en el futuro.
