El consejero regional por Trujillo, Robert De La Cruz, denunció que estaría siendo víctima de una maniobra judicial que busca dejarlo fuera de carrera política y electoral, tras ser querellado por difamación agravada por el titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), Martín Camacho Paz.
El conflicto, que expone tensiones entre el órgano fiscalizador del Consejo Regional y una de las gerencias más cuestionadas del Gobierno Regional, ha escalado a un terreno judicial que —según el consejero— vulnera su derecho a la defensa y la transparencia del proceso.
“Me dejaron en indefensión”
De La Cruz reveló que el Poder Judicial no le entregó la documentación completa de la demanda, sino únicamente el auto admisorio, lo que le impide responder adecuadamente a las acusaciones.
“No me han cursado de manera formal la querella interpuesta por el señor gerente Martín Camacho. Solo se me notificó con el auto admisorio y me dan cinco días de plazo para absolver y contestar la querella en mi contra. Lo que llama la atención es que me dejen en indefensión, sin el cuerpo de la demanda, sin anexos ni argumentos. Algo raro ha pasado allí”, declaró el consejero a Causa Justa.
El funcionario aseguró haber devuelto el documento al Poder Judicial y solicitado una notificación correcta, señalando que el caso podría tener “intereses políticos” detrás.
“Cuando la justicia se usa como herramienta de presión o castigo político, todos los ciudadanos perdemos. Yo no me corro, pero exijo el debido proceso”, añadió. La denuncia penal por difamación agravada fue presentada por Martín Camacho Paz, actual gerente regional de Educación, contra Robert De La Cruz y otros tres consejeros: Frank Solórzano (Pataz), Nancy Puitiza (Bolívar) y Edy Camacho (Virú).
Según el documento de la querella, los consejeros habrían incurrido en “afirmaciones falsas” durante una conferencia de prensa del 10 de agosto de 2023, donde denunciaron presuntas irregularidades en los grados académicos y títulos profesionales de Camacho Paz, expedidos por el Instituto Superior Pedagógico Privado Virgen de la Puerta.
El gerente sostuvo que tales declaraciones “afectaron gravemente su honor, reputación y trayectoria profesional”, motivo por el cual decidió iniciar acciones judiciales.
Fuentes allegadas a la GRELL indicaron que Camacho busca “defender su integridad frente a ataques políticos sin sustento técnico ni jurídico”.
La disputa entre el gerente regional de Educación y los consejeros se da en medio de un ambiente político convulso en el Gobierno Regional de La Libertad, tras la renuncia de César Acuña a la gobernación y la recomposición interna de las alianzas políticas.
En ese escenario, la GRELL ha sido señalada reiteradamente por presuntos actos de favoritismo y deficiencias en gestión educativa, temas que generaron enfrentamientos con los consejeros regionales encargados de fiscalizar la administración pública.
De La Cruz considera que esta querella forma parte de una estrategia de silenciamiento político:
“Es evidente que buscan acallar la fiscalización. No es casual que justo ahora, cuando varios informes de gestión están bajo revisión, se activen procesos judiciales contra quienes cuestionamos”, declaró.
Abogados penalistas consultados por Causa Justa explican que la notificación incompleta de una querella puede afectar el derecho constitucional a la defensa.
“Sin conocer los fundamentos, pruebas o anexos, el denunciado no puede ejercer un descargo técnico ni elaborar una estrategia de defensa efectiva. Esto contraviene principios del Código Procesal Penal”, señaló un especialista en litigios.
El caso, además, podría derivar en un debate sobre el uso político del sistema judicial en contextos preelectorales, donde la difamación suele convertirse en herramienta de presión para neutralizar voces fiscalizadoras o adversarios políticos.
De confirmarse las irregularidades en la notificación, el proceso podría retrotraerse o anularse parcialmente, obligando al Poder Judicial a reiniciar la etapa de comunicación formal de la demanda.
Mientras tanto, el consejero Robert De La Cruz continúa con sus funciones y ha reiterado que no se dejará intimidar.
“Seguiré haciendo mi trabajo. No tengo miedo ni de las querellas ni de los ataques. La población merece transparencia, y la fiscalización es un deber, no una opción”, afirmó.
El caso será seguido de cerca por este medio en su cobertura de justicia y política regional.
