En la madrugada del 3 de mayo de 2025, el eco del silencio andino fue quebrado por una de las acciones que despierta más de una sospecha en la sierra de La Libertad. Más de diez personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente asesinadas por un grupo de sujetos que serán ronderos campesinos de Tayabamba y otras localidades cercanas, de acuerdo la denuncia de los familiares.
Entre las víctimas se encontraba Cristian Alexis Macalopu León, cuyo cuerpo fue hallado el 19 de mayo en un descampado, con signos evidentes de tortura.
La tragedia no solo ha dejado una estela de dolor y horror en las familias afectadas, sino que ha expuesto la fractura del Estado de derecho en zonas donde la ley es sustituida por la justicia ronderil mal entendida, amparada en la costumbre y alimentada por la impunidad.
José David Macalopu León, hermano de la víctima, recuerda con voz entrecortada la odisea que vivió buscando a Cristian. “Fui a Tayabamba, Llacuabamba, todas las comisarías. Nadie sabía nada. Solo sabíamos que lo habían capturado ronderos y que había un video donde lo torturaban”, relata.
En el video, que ha circulado en redes sociales, se ve a Cristian con un short con franjas blancas, arrodillado, golpeado, sin la más mínima piedad.
El hallazgo de su cuerpo en un terreno desolado, casi 17 días después de su desaparición, confirmó los peores temores de su familia. Según fuentes forenses, el cadáver presentaba múltiples signos de tortura y posibles quemaduras post mortem.
Cristian no fue el único. También han sido reportados como desaparecidos y posteriormente asesinados Segundo Genaro García Torres y Carlos Santillán Robles, presuntamente por los mismos grupos de ronderos. El nombre que se repite entre los presuntos responsables es un tal Quispe, de la rondas.
El material audiovisual que acompaña la denuncia muestra a varias personas sometiendo a las víctimas, golpeándolas y grabando sus últimos momentos, en lo que solo puede describirse como una ejecución extrajudicial.
Paradójicamente, días después, estos mismos grupos participaron en una marcha por la paz. “¿Qué clase de paz puede defender quien tiene las manos manchadas de sangre?”, se pregunta indignado uno de los familiares que aún no puede recuperar el cuerpo de su ser querido.
Los familiares de las víctimas se encuentran en Tayabamba esperando poder recoger los cuerpos. Sin embargo, los responsables —que aún se mantienen en la zona— impiden su acceso. A ello se suma el silencio de las autoridades: ni la Fiscalía ha iniciado diligencias inmediatas, ni la Policía Nacional del Perú ha logrado intervenir de forma efectiva para garantizar el respeto a los derechos humanos más elementales.
“Nos ignoran, nos miran como si estuviéramos locos. No hay Estado aquí”, denuncia entre lágrimas una madre que aún espera noticias de su hijo desaparecido.
La Defensoría del Pueblo ha sido llamada a intervenir de forma urgente. Los deudos exigen una comisión que llegue a la zona para recoger testimonios, proteger a los sobrevivientes y garantizar el acceso a la justicia. La situación no puede esperar más.
La responsabilidad no recae únicamente en los ejecutores. Los familiares piden que la Presidenta de la República, Dina Boluarte, interceda directamente y exija justicia. “Ya no queremos comunicados, queremos acciones”, exige José David, el hermano de Cristian.
Las imágenes y videos que circulan son contundentes. Son pruebas, no rumores. Pruebas que deben llevar a una intervención decidida del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y organismos internacionales de derechos humanos. Porque lo que ha ocurrido en Tayabamba no es justicia popular, es crimen organizado.
