La crisis en el servicio de agua potable en Trujillo ha escalado a un nuevo nivel de tensión. Este escenario quedó evidenciado tras una protesta realizada en la sede de Sedalib, en el sector Los Sapitos, donde dirigentes de distintos territorios urbanos y periurbanos llegaron para exigir soluciones frente a lo que consideran un deterioro sostenido en la gestión de la empresa.
La movilización no fue aislada. A ella se sumaron los congresistas Carlos Zeballos Madariaga y Kike Alva Rojas, quienes, en el marco de la semana de representación, acudieron al lugar junto al consejero regional por Trujillo, Robert de la Cruz, dando mayor peso político a una protesta que ya venía acumulando malestar ciudadano.
Reclamos desde los territorios
Desde tempranas horas, representantes de zonas como Alto Trujillo, El Porvenir, El Cortijo y Alto Moche se concentraron en los exteriores de la empresa portando carteles y utilizando megáfonos para visibilizar sus demandas. La principal exigencia: ser escuchados por los directivos de Sedalib ante la persistencia de problemas en el abastecimiento de agua y la ausencia de proyectos concretos que atiendan estas brechas.
Según los dirigentes, el acceso al agua potable continúa siendo irregular en sectores de alta vulnerabilidad, lo que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias. La protesta buscaba no solo denunciar esta situación, sino también exigir responsabilidades.
Cuestionamientos a la gestión y ejecución presupuestal
Uno de los puntos más críticos expuestos durante la jornada estuvo relacionado con el manejo de recursos destinados al abastecimiento de agua mediante cisternas. El dirigente de Alto Trujillo, Everth Acosta, manifestó su indignación al señalar que, en 2025, se habría revertido más de un millón de soles que estaban asignados a este servicio, y que en el presente año se habría repetido un escenario similar por falta de ejecución presupuestal.
Para los dirigentes, estos hechos reflejan una desconexión entre la gestión administrativa y las necesidades reales de la población, especialmente en zonas donde el acceso al agua sigue siendo una problemática estructural.
Intervención política y pedidos de fiscalización
Tras sostener una reunión con representantes de la empresa, el congresista Carlos Zeballos expresó su preocupación por lo que calificó como un estado de abandono en Sedalib. Señaló que, durante la visita, se evidenció falta de respuestas claras por parte de los funcionarios frente a los reclamos de los trabajadores y de la ciudadanía.
En ese contexto, anunció que solicitará la intervención de la Contraloría General de la República, con el objetivo de que se investiguen posibles irregularidades en la gestión. Además, planteó la necesidad de convocar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como a entidades como OTASS y SUNASS, para que brinden explicaciones sobre la situación de la empresa.
El parlamentario también cuestionó la capacidad de decisión de la actual administración, señalando que existirían limitaciones para la firma de contratos y convenios, lo que estaría afectando la ejecución de proyectos clave.
Exigencia de cambios y seguimiento a corto plazo
En medio de la protesta, los dirigentes reiteraron su pedido de salida del presidente del directorio, Frank Sánchez, a quien responsabilizan por las deficiencias en la gestión. Asimismo, anunciaron que mantendrán una vigilancia constante sobre las acciones que se adopten en los próximos días.
Como parte de los acuerdos alcanzados tras la reunión, se estableció realizar un seguimiento cercano a los compromisos asumidos por las autoridades, con la expectativa de que se presenten resultados en el corto plazo.
La situación expuesta en Sedalib vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el servicio de agua potable en Trujillo, especialmente en zonas periféricas donde la cobertura sigue siendo limitada. Más allá de la coyuntura, el caso refleja una problemática estructural que involucra gestión, ejecución de recursos y capacidad de respuesta institucional.
En un contexto donde el acceso al agua es un derecho fundamental, las demandas ciudadanas y la intervención de actores políticos evidencian la urgencia de adoptar medidas que no solo respondan a la crisis actual, sino que permitan garantizar un servicio eficiente y sostenible en el tiempo.
